Viernes 13 de enero de 2017
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Una posición privilegiada y sin sobresaltos a la hora de las decisiones polÃticas e institucionales que pudieran afectarla, habrÃa logrado por años SQM financiando irregularmente a distintos parlamentarios, ministros, asesores, partidos y un sinfÃn de actores que, de una u otra forma, podÃan influir en el negocio de la minera no metálica liderada por Julio Ponce Lerou. Al menos asà se desprende de las investigaciones del Ministerio Público que han ido develando una red de poder e influencia alimentada por la compañÃa que por años mantuvo un bajo perfil.
Todo cambió cuando se destaparon distintas hebras del escándalo de las plantas polÃticas.
Poco antes de eso, y durante el gobierno de Sebastián Piñera, SQM habÃa empezado a ser cuestionada por el caso Cascadas y también por el propio Estado a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), entidad dueña de 28.054 pertenencias mineras OMA en el salar de Atacama, pieza fundamental de la compañÃa.
En 2013, Corfo inició un proceso de arbitraje por incumplimientos en el contrato que le permiten a SQM explotar hasta 2030 los minerales contenidos en el salar -principalmente cloruro de potasio en cualquiera de sus formas comerciales, ácido bórico y productos de litio-, conflicto que fue ahondado por la actual administración liderada por Eduardo Bitrán, a través de una demanda arbitral interpuesta en mayo de 2014, tras la cual incluso se solicitó el término anticipado del contrato, rechazando la conciliación propuesta por el árbitro Héctor Húmeres.
Fuente: Enero de 2017