Política y meritocracia

Construir Estados democráticos es uno de los procesos históricos más importantes en las sociedades latinoamericanas. Estructurar un Estado con división de poderes y participación ciudadana apartando los diversos autoritarismos. Sin embargo, ese proceso es incompleto si es que no va acompañado de la meritocracia estatal de mecanismos transparentes y consensuados, que permitan la selección, distribución de incentivos y movilidad laboral del personal público en base a la evaluación del esfuerzo y desempeños.

El Estado es una institución cuya calidad de servicios impacta el conjunto de la sociedad. No hay institución que se le equipare, tanto por lo que hace como por lo que deja de hacer; si la salud y la educación pública son de baja calidad, los impactos no solo son negativos en el corto plazo como también lo serán en el largo, afectando a diversos sectores. La calidad de dichos servicios está condicionada por las competencias de los trabajadores y profesionales del propio Estado. Desde esa perspectiva, reformar la capacidad en las instituciones del Estado significa: cómo mejorar estos aspectos para garantizarle a la sociedad servicios públicos de calidad para todos. De allí, la necesidad de repensar el rol del personal público como principio de idoneidad y eficiencia.

La meritocracia en el sector público es una exigencia sustancial para, no conformarse sólo en la modernización a través del uso de las tecnologías informáticas sin pensar en una racionalidad que ponga en juego las capacidades del individuo que está sirviendo a la sociedad. La modernidad y los movimientos sociales han coadyuvado al reconocimiento del individuo como sujeto de derechos responsabilidades y capacidades, las cuales se desarrollan y aprenden gracias al esfuerzo personal y a las condiciones institucionales. Como sociedad, nos interesa saber cómo están las capacidades del personal que trabaja en el Estado y cómo pueden estimularse entre su personal en los diferentes sectores públicos.

La meritocracia como valoración del esfuerzo, las capacidades y talentos de las personas para reasignar bienes tangibles como el dinero o simbólicos como el estatus, adquiere connotaciones diferentes según los contextos en los cuales se incluyan dosis diferentes de la misma. Para este propósito se debe trabajar en tres factores contextuales que inciden en los alcances y limitaciones de la meritocracia en el ámbito público.

El nivel de ilegalidad y corrupción es un factor relevante para comprender cómo determinadas prácticas sociales erosionan normas de convivencia y construyen códigos de complicidad para evadirlas y convertir en norma la ilegalidad y violación de las leyes.

Mientras no se respeten las Leyes de un País, más vulnerables serán sus normas y menor será la confianza para el gobierno y el Estado como garante de bienestar social. Esta falta de vigencia de las normas y reglas en la vida cotidiana debilita la cohesión social, haciendo más impredecible la conducta correcta del Gobierno. De otro lado, corre el riesgo de constituirse en una moral "asocial" sin obligaciones, culpas, ni sanciones En este tipo de sociedad donde la anormalidad social y la corrupción pública son graves, las propias normas que el Estado proclama para sus licitaciones públicas o para contratar personal pierden credibilidad. La corrupción pública es un problema que atraviesa la mayoría de los países de América Latina y gracias al cual se agudiza la desconfianza de los ciudadanos sobre la coherencia del Estado para aplicar normas meritocráticas, de allí, la importancia de las políticas anticorrupción y transparencia del Estado.

El nivel de desigualdad y discriminación es otro factor que en las argumentaciones contra la meritocracia tiene un peso importante, en la medida que las personas compiten en condiciones desiguales respecto a otros para postular a un empleo público, por lo que la selección de los mejores puede terminar reproduciendo las desigualdades sociales. Esto es una cuestión crítica en sociedades latinoamericanas caracterizadas por fuertes desigualdades.

En ese sentido, si el criterio meritocrático no viene complementado con políticas de igualación de oportunidades y de discriminación positiva allí donde sea necesario, será un criterio que aportará poco para legitimar el Estado como la expresión de las diversidades de un país. Por otra parte, las consecuencias más duras que trae la meritocracia, como el despido por incompetencia en el desempeño, es diferente en sociedades donde existen mecanismos de protección social al desempleado que en otras donde casi no existen, así como tampoco es igual en épocas donde la economía está en un alto rango de empleabilidad que en tiempos de caída del empleo. Asimismo, la discriminación atenta contra los regímenes meritocráticos en sus diferentes manifestaciones al no permitir valorar los esfuerzos que hacen determinados sectores para postular y asumir puestos en el Estado.

En las sociedades marcadas por discriminaciones, garantizar la igualdad de oportunidades para acceder al empleo en la esfera pública es crucial para no agudizar las desigualdades, y ello exige códigos de selección y promoción que eviten prácticas de discriminación negativa.

El nivel de ineficiencia de la gestión pública influye también en las consideraciones contextuales sobre la meritocracia. Una pobre eficiencia de los servicios públicos estimula la idea de hacer más exigente la meritocracia en los profesionales que administren las instituciones y órganos del Estado como parte de una estrategia para mejorar la calidad de dichos servicios.