Construir Estados democráticos es uno de los procesos históricos más importantes en las sociedades latinoamericanas. Estructurar un Estado con división de poderes y participación ciudadana apartando los diversos autoritarismos. Sin embargo, ese proceso es incompleto si es que no va acompañado de la meritocracia estatal de mecanismos transparentes y consensuados, que permitan la selección, distribución de incentivos y movilidad laboral del personal público en base a la evaluación del esfuerzo y desempeños.
La meritocracia como valoración del esfuerzo, las capacidades y talentos de las personas para reasignar bienes tangibles como el dinero o simbólicos como el estatus, adquiere connotaciones diferentes según los contextos en los cuales se incluyan dosis diferentes de la misma. Para este propósito se debe trabajar en tres factores contextuales que inciden en los alcances y limitaciones de la meritocracia en el ámbito público.
El nivel de ilegalidad y corrupción es un factor relevante para comprender cómo determinadas prácticas sociales erosionan normas de convivencia y construyen códigos de complicidad para evadirlas y convertir en norma la ilegalidad y violación de las leyes.
El nivel de desigualdad y discriminación es otro factor que en las argumentaciones contra la meritocracia tiene un peso importante, en la medida que las personas compiten en condiciones desiguales respecto a otros para postular a un empleo público, por lo que la selección de los mejores puede terminar reproduciendo las desigualdades sociales. Esto es una cuestión crÃtica en sociedades latinoamericanas caracterizadas por fuertes desigualdades.
En las sociedades marcadas por discriminaciones, garantizar la igualdad de oportunidades para acceder al empleo en la esfera pública es crucial para no agudizar las desigualdades, y ello exige códigos de selección y promoción que eviten prácticas de discriminación negativa.
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