Tras meses de agotadoras movilizaciones, inconducentes y frustrantes negociaciones con el Gobierno, y severos hechos de represión contra su sector, Rosemary Guarita pudo finalmente cumplir con uno de sus mayores deseos: tener la posibilidad de denunciar internacionalmente los abusos cometidos por el Gobierno boliviano contra los discapacitados del país.
En una sesión privada realizada en agosto, la dirigente denunció ante la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las NN.UU., en Ginebra, Suiza, los actos represivos sufridos por los discapacitados bolivianos.
Las personas con discapacidad exigían un bono mensual de 500 bolivianos, que representaba un monto total de 35 millones de dólares al año, es decir el 0,1% del Presupuesto General del Estado. Pese a ello, las autoridades dijeron que la cifra pondría en riesgo la estabilidad de la economía nacional.
Ante las NN.UU., Guarita relató que su sector fue "reprimido violentamente usando carros neptunos y gases lacrimógenos causando muchos heridos con patadas, puñetes, haciéndonos caer de las sillas, golpeándonos con los escudos, golpeándonos con sus laques y sobre los caídos pisándonos y gritando como en una guerra".
La apasionada intervención de Guarita dio resultados: poco después, la relatora especial de Naciones Unidas para Bolivia, Silvia Quan-Chang, demandó al Gobierno cumplir con las obligaciones respecto de este sector.
"Quiero ahora llamar la atención de la distinguida delegación (de Bolivia), debido a que las carencias de recursos económicos que dificulta la implementación de los servicios básicos no deben ser nunca motivo para restringir los derechos de las personas con discapacidad. Particularmente cuando éstas se manifiestan públicamente y demandan que sus derechos sean cumplidos", dijo Quan-Chang.
La relatora agregó que se refería "a una movilización de personas con discapacidad que se trasladaron 375 kilómetros desde Cochabamba hasta la ciudad de La Paz y que pretendían ser escuchada por el Presidente Evo Morales para solicitar su apoyo con la asistencia de un bono social, para la asistencia de personas con discapacidad que viven en pobreza y pobreza extrema".
Fue el premio para el tesón de Guarita, una de las conductoras de las movilizaciones de discapacitados, que empezaron a principios de año en Cochabamba, cuando algunos de ellos se colgaron de puentes, para después conducir una esforzada marcha hacia La Paz, luchando contra las inclemencias del tiempo y, finalmente, el desprecio y la represión de las autoridades. Los marchistas, después de meses de batalla, se fueron con las manos vacías. Pero no derrotados. Han anunciado que en 2017 intentarán nuevamente obtener la renta exigida.
Fuente: La Paz, 26 (ANF)
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