Está claro que la gestión que concluye, no fue la más propicia para establecer la vigencia del pacto fiscal como base de las autonomías regionales, una serie de hechos alteraron algunas buenas intenciones, pero sobresalió la resistencia de estamentos ciudadanos, inconformes con el tratamiento del tema principal que define la independencia departamental, con claras reglas de juego, para desligarse de la presión centralista, que todavía sigue siendo lastre en el desarrollo de varios distritos.
No hace mucho se produjeron algunas reuniones con el fin de que los vecinos intercambien opiniones, propongan, debatan diversas circunstancias que tienen que ver con los objetivos más firmes de la autonomía departamental, basada en la práctica de la regionalización.
Las posiciones de vecinos de La Paz, son un ejemplo que emerge en defensa de los derechos a decidir para progresar, sin pasar por las regulaciones restrictivas del poder central, que dispone los fondos con sentido más político que práctico, dejando muchos anhelos ciudadanos en larga espera, generando frustración y rechazo hacia el aparato estatal, cuando no se atienden los verdaderos requerimientos de la población.
Es evidente que La Paz, por ser la Sede de Gobierno, está más directamente dependiente del pesado y burocrático aparato estatal, por lo mismo dirigentes de la ciudad y provincias de ese departamento alientan su independencia regionalizada a partir de la aplicación de autonomías y la vigencia de un pacto fiscal equitativo.
Otro tanto sucede con nuestro departamento, el más próximo a la sede política después de La Paz, y como algunos dirigentes cívicos tipificaron en su tiempo a Oruro como el patio posterior de la Sede de Gobierno, lo que también determina aún al presente una serie de postergaciones en la concreción de los verdaderos proyectos de beneficio comunitario.
En la actualidad el pacto fiscal, es realmente el más importante desafío para concretar las autonomías departamentales y se trabajará en el sentido de apropiar la norma de la manera más efectiva a favor de cada región, tomando en cuenta una serie de peculiaridades de los departamentos y sus reglamentos autonómicos.
El ministro de Autonomías informó recientemente que su autoridad se ha planteado algunas metas para la gestión 2017, como la consolidación del pacto fiscal, el perfeccionamiento de los referéndums para las entidades territoriales autónomas, el ordenamiento urbano territorial y el cumplimiento de un segundo foro regional de desarrollo económico en el ámbito de la región latinoamericana y el Caribe.
Se tiene entendido que está aprobado un catálogo de información para iniciar una etapa de socialización que avance en la próxima gestión hacia la consolidación de los documentos normativos, como estatutos y cartas orgánicas que junto al pacto fiscal concretarán la tan reclamada autonomía de las regiones, para encarar responsablemente la futura administración de recursos naturales, los ingresos percibidos y el destino de estos en obras que serán consensuadas en base a las necesidades de la ciudadanía, bajo intereses de utilidad pública, sin ninguna injerencia político partidista.
Aún no se han adoptado posiciones concretas en relación al pacto fiscal, cuya aprobación por consenso se considera vital para la futura distribución de ingresos a las regiones, en función a varias condiciones especiales que tienen que ver con riquezas naturales, potencialidad productiva, capacidad administrativa de recursos, generación y ejecución de proyectos de utilidad colectiva, entre algunos requisitos propios de las responsabilidades de autoridades.
Fuente: LA PATRIA
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