Minería en Bolivia, negocio de alto riesgo

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Según varios expertos, además del criterio práctico de emprendedores mineros privados, chicos y medianos en este caso, la minería en nuestro país, en las actuales condiciones es un negocio de alto riesgo y conlleva el peligro latente de enfrentarse a una serie de circunstancias adversas, debido principalmente a la falta de normativas que otorguen seguridad a las inversiones para encarar proyectos de envergadura.

Increíblemente lo que se observa es que minerales no faltan, se dice que están a flor de tierra, pero lo que se necesita es una adecuada política minera nacional, que permita acometer proyectos de magnitud con grandes inversiones para que nuestra minería, ocupe el lugar que le corresponde en el concierto internacional, especialmente en el de la región sudamericana donde la competencia es notoria, con enorme desarrollo de proyectos en países vecinos, los que acaparan buena parte de los grandes capitales que se disponen para la industria minera.

Este tipo de casos se han presentado en varias ocasiones y diferentes lugares, muy pocos han sido atendidos en términos de legalidad y justicia para reponer a los afectados, incluso familias mineras, el derecho al trabajo y su permanencia en campamentos del sector. Pérdidas irreparables y proyectos de futuro promisorio alterados por la ambición circunstancial de agricultores convertidos en eventuales mineros, especialmente cuando los precios son buenos y las vetas productivas.

La otra cara de ésta misma moneda se da en el plano estatal, con yacimientos semiagotados que siguen en explotación, con recursos del Estado que no siempre satisfacen las expectativas de inversión para ampliar operaciones de una gran minería nacional, con rechazo de comunarios a proyectos mineros, aunque los mismos sean de rendimiento asegurado, pero de dudosa continuidad por la vigencia de intereses sectoriales que desaprovechan la opción minera, pero tampoco mejoran los sistemas y posibilidades de la agropecuaria. Se aplica el dicho sobre "el perro del hortelano, no come ni deja comer".

Pese a esa posición de rechazo comunitario, tendrían que imponerse las otras razones sobre derechos ciudadanos, considerando que las riquezas naturales del país son de todos los bolivianos y no solo de algunos comunarios, por lo mismo la explotación de los recursos naturales, incluyendo los hidrocarburos, corresponden a la bolivianidad y si deben existir condiciones en el aprovechamiento de los mismos, lo importante es que se cumplan los requisitos de la Ley de Medio Ambiente, asegurando su cuidado y evitando riesgos de contaminación, además de cubrir con buenas inversiones programas sociales para mejorar las condiciones de vida de las familias que radican en zonas donde la explotación de nuestros recursos naturales es una prioridad nacional.

Ejemplos especiales se han dado en proyectos mineros privados, el caso de Inti Raymi en Oruro, que construyó una villa moderna para la totalidad de habitantes de una localidad muy próxima al sitio de operaciones. San Cristóbal, la minera que opera en Potosí, también implementó un proyecto para comodidad habitacional de comunarios y trabajadores, hay otros proyectos en que los emprendimientos mineros deben y pueden favorecer a muchas familias, sin que las mismas interfieran en las operaciones de explotación de hidrocarburos, gas, y en el caso de yacimientos mineros.

Hay otros problemas que deben sortearse en el desarrollo de proyectos para la explotación de recursos naturales, el caso de los precios internacionales que rigen para nuestras materias primas, petróleo y el gas como derivado, y por supuesto el caso de nuestros concentrados de minerales. Nuestra marcada dependencia monoproductora, nos coloca en esa alternativa de admitir los precios impuestos por las potencias industriales, las del norte, europeas o las asiáticas, que manejan sus intereses sin consideración con los problemas que enfrentan los países productores, como el nuestro y los vecinos.

El otro punto en contra del interés de inversionistas, está sujeto a las condiciones de tiempo y en minería este factor es sumamente importante, pues se trata no sólo de meses, sino de años, entre el inicio de prospección, exploración, comprobación del potencial de un yacimiento y la preparación para su explotación, periodos de largo aliento y de permanente gasto, hasta que pueda considerarse expedito el camino de producción, posible refinación y comercialización, sin descartar que entre una y otra fase, en nuestro país, pueden darse sorpresivas actitudes que estando fuera de todo marco de garantía, toman las figuras de "nacionalización o estatización" de los recursos naturales.

No hay reglas claras de juego, pese que dos años atrás, se promulgó la Ley 535 de Minería y Metalurgia, 28 de mayo del 2014, instrumento que no se utiliza porque carece de reglamento y una escala de valores impositivos (tributarios) que permitan a los inversionistas saber bajo qué condiciones legales y suficientes garantías se puede encarar proyectos mineros de corto, mediano o largo plazo, dependiendo de las reservas detectadas que permitan cumplir con cada uno de los eslabones de la cadena productiva minera, que con incentivos y seguridades puede llegar a la anhelada fase de la industrialización de los recursos mineros.

Nuestro país siempre fue potencialmente minero desde antes de su fundación y su riqueza permitió no sólo el desarrollo nacional, sino que también alentó el crecimiento de países en el otro extremo del mundo, en Europa y ese aporte es reconocido cuando se mencionan las nuevas opciones de encarar una fase renovada en la explotación de recursos naturales, como los mineros, que siguen muy "bien guardados", aunque no es lo ideal en las condiciones actuales en que desarrollar es una premisa de supervivencia frente al crecimiento de nuestra propia población y el derecho a beneficiarse de sus recursos naturales.

No es ningún mal augurio, pero hay indicios sobre la declinación en las reservas del gas, por lo mismo las previsiones de nuestra economía se dirigen necesariamente a los recursos mineros, potencialmente aptos para encarar otro larguísimo periodo de sostenimiento de la vida nacional, aunque en el tiempo presente con la urgencia de tomar decisiones para explotar la cadena productiva minera, sin pérdida de tiempo, pues de eso se trata, estar preparados en la nueva minería para enfrentar cualquier circunstancia en la producción gasífera.

Así se dan las cosas, la minería es la alternativa del presente, seguirá contribuyendo al crecimiento nacional, pero necesita de una urgente política administrativa, instrumentos legales actualizados, claras reglas de juego, garantías e incentivos para atraer inversiones y decisiones superiores para su reactivación.