Las prefecturas siempre fueron parte del esquema centralista de los gobiernos de turno, por rígida relación política, pero al mismo tiempo por la dependencia económica que hacía favorable el manejo administrativo de las regiones en base a presupuestos que respondían más a los intereses centralistas que a los anhelos regionales, por eso es que todavía existe una marcada injusticia y al mismo tiempo una generalizada reacción, aprovechando la coyuntura de lograr independencia por la vía de las autonomías.
El centralismo de Estado responde a un modelo de control directo de las economías departamentales -cuando no regionales- que en su caso son exclusivamente dependientes del poder que controla las finanzas nacionales y puede hacer filigranas con los dineros del pueblo, que centralizados o no les pertenece a todos los bolivianos y por tanto debería beneficiarlos equitativamente.
Las cosas no están en esa lógica de observación ciudadana, al contrario se ubican en la práctica de “hoy le damos más a mengano y le quitamos a perengano”, decisión que siendo vertical es cumplida disciplinadamente pero produciendo un sentimiento de frustración entre quienes viven diariamente con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, hecho que al no darse en la práctica crea la reacción de la protesta, primero simple y luego violenta.
El criterio predominante en las diversas instituciones cívico-regionales de los nueve departamentos es alcanzar de una buena vez la descentralización en el manejo de la “cosa pública” que atañe a todos y es parte de la aplicación del sistema de autonomías, ya instaurado en mitad del país y por consolidarse en la otra mitad, ojalá sea al margen de la fuerte ingerencia política estatal que desvirtúa el sentido estricto de autonomías.
Lo importante de la descentralización constituye sin lugar a dudas la equitativa distribución de los recursos públicos que a través de la “municipalización” debe llegar en proporción a las estadísticas poblacionales para su distribución en el sentido per cápita del 20 % de los impuestos nacionales, a lo que se agrega la participación en el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados (IEHD), además del Fondo de Compensación creado por la Ley de Participación Popular y la parte sustancial proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Sin embargo cuando se analizan las frías cuentas de algunas prefecturas -como la nuestra- resulta que los fondos llegaron inclusive por encima de lo planificado y a la hora de conocer el rendimiento de inversiones, las cuentas simplemente son adversas en su resultado de generar desarrollo.
No se han perfilado verdaderos proyectos de inversión que aseguren progreso permanente, la desigualdad persiste entre departamentos y resultan minimizados los planes que deberían romper el cinturón de pobreza que rodea las ciudades y las comunidades de cada distrito, donde las restricciones siguen siendo lo único sostenible.
Por esas circunstancias vigentes y alarmantemente peligrosas a la estabilidad de las regiones es imperioso que no se juegue con los procesos de autonomías y se permita que cada región asuma la responsabilidad de enfrentar el reto de la descentralización utilizando el ingenio, capacidad, responsabilidad y libertad de su gente para utilizar sus propios recursos, exigiendo además la percepción justa de los dineros estatales por diferentes conceptos. Sólo así se podrá hablar de una total independencia de las prefecturas.
Fuente: LA PATRIA
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