Estado debe dar presupuesto para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas

Hace pocos días se celebró el Día del cese o la eliminación de la violencia contra la mujer y, lo que sigue es lo principal, pues corresponde a los poderes públicos promover la condiciones para que la libertad y la igualdad sin atisbo de discriminación (salario, puestos de dirección y posiciones públicas), sean reales y efectivas; removiendo definitivamente los impedimentos que empecen o dificultan su activa plenitud y, es cierto, que el Estado y las instituciones autónomas no aportan a la dotación de presupuesto necesario para esta prevención de la muerte, pues se trata de preservar la valiosa vida del ser más importante de la creación: la mujer.

Las consideraciones de las distintas violencias que sufren las mujeres cercenan los derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la plena igualdad y la ausencia de discriminación por razón de sexo o circunstancias personales o, peor, sociales o étnicas; el derecho a la vida, integridad física y moral (violencia psicológica), el derecho a no sometimiento a tratos degradantes, el derecho al ejercicio de la profesión por la mujer cuando está casada y la intimidad personal.

¿Por qué la dotación de presupuesto suficiente y flexible?, porque el Estado debe otorgar la tutela jurídica efectiva (tutela significa Autoridad Protectora que es la ley y la justicia, es decir, cuando una mujer o un ciudadano cualquiera se acoge a la tutela se sitúa bajo el paraguas protector de la ley, y ésta debe aplicar toda su fuerza legítima a través de operadores de justicia probos e incorruptibles), a todas las mujeres a las cuales se les violan sus derechos fundamentales por esta tipología de violencia; esta tutela judicial está condicionada por la idoneidad del marco normativo vigente y aplicable, y la utilización de fondos para la detección de estos delitos, su investigación, enjuiciamiento y la atención de las víctimas y sus hijos hasta su recuperación.

Para este punto, aunque existan fondos suficientes, es ineludible y conditio sine aequanon (condición mandatória), el rearme moral y la correcta formación jurídica de los fiscales y jueces, así como de la Policía, que debe aplicar su facultad de coacción inmediatamente en estos casos específicos de violencia y feminicidios contra la mujer.

A estas dificultades se suma la disminución o ineficiencia de los servicios de apoyo a las mujeres y niñas menores, víctimas de esta execrable violencia; ya que después de liberarse del ámbito de violencia, las mujeres agredidas deben recuperar las pérdidas personales como son las emocionales, psicológicas y físicas, por lo que es irrefragable la disposición de un apoyo económico constante del Estado para generar un consenso social efectivo a esta lacra de la propia sociedad.

Estas cogitaciones son ciertas pues se producen todos los días y amparan la dotación presupuestaria en relación directa con la gravedad del delito y el mal ejemplo a los jóvenes que son el futuro de la nación. Estos derechos fundamentales de las mujeres están específicamente enunciados en el capítulo II, Art. 15 y sus incisos I,II,III,IV y V, de la Constitución Política del Estado, que recogen, si se los lee inteligiblemente, la atención integral, siendo también importantes como jurisprudencia, los Convenios de Estambul y del Consejo de Europa; por ello la dotación de un presupuesto suficiente, estructurará una tutela judicial inviolable y ausente de corrupción, que debe caracterizar a todo proceso judicial.

Sin estos condicionantes estas detecciones de violencias y feminicidios, se seguirán conduciendo con la misma indolencia y rutina en la justicia, ya que los procesos judiciales deberían ser, para estos casos de violencia contra la mujer, sumarísimos, y sin alternativa de medidas sustitutivas, caso contrario se tornan en imposibles.

Ni un instante debe olvidarse que, con una justicia eficiente y liberada de mañas y prácticas corruptas, se está preservando la vida de las mujeres y niñas adolescentes, que ocupan un lugar insustituible y de privilegio en el origen y formación de las sociedades y su consecuente progreso.

(*) Es Abogado Corporativo, Doctor Honoris Causa, Docente universitario, Escritor