A propósito del neocapitalismo de Estado�

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Se habla mucho en estos días acerca del nuevo Capitalismo de Estado impuesto por el gobierno del Movimiento Al Socialismo, con más de 30 empresas creadas estatales, en diferentes rubros de la economía.

Al parecer un panorama repetido de la historia boliviana viene a nuestra mente, cuando antes de 1985, sabíamos que las empresas estatales eran ineficientes, fueron mal administradas y luego pasaron la factura al Estado; o sea, a todos los bolivianos. Ya es un dicho popular que "el Estado es un mal administrador de las empresas", ya sea por injerencias políticas en su administración, por la excesiva contratación de mano de obra, o por el saqueo y la corrupción en las mismas. Por lo menos esa fue la realidad boliviana en esos años, y lamentablemente, la misma experiencia fue vivida por algunos países vecinos que adoptaron ese mismo Capitalismo de Estado, combinado con un populismo exagerado. Por estos argumentos, queda en duda este tipo de participación del Estado en la economía.

Cuando hablamos de bienes públicos; que se contraponen a los bienes privados, en esencia se dice que cumplen con dos características importantes: son excluyentes y rivales. En el primer caso, si hay un precio, éste mismo excluye a los demás de su consumo. En el segundo caso, el consumo de un bien por una persona, impide el consumo simultáneo de otra, generándose una especie de competencia entre los bienes privados. Los precios son buenos indicadores de las preferencias de la sociedad y señalan los límites que enfrentan las personas en términos de su escasez. Para el caso de los bienes públicos, los mercados pueden fallar porque los precios no comunican adecuadamente los deseos y las restricciones que enfrenta la sociedad con respecto al uso de estos recursos. O sea, que los óptimos privados no concuerdan con los óptimos sociales.

En el contexto de la economía boliviana, por ejemplo, se justifica que el Estado, tenga por lo menos el control sobre los hidrocarburos, en vista de que éste es un bien cuasipúblico. Los altos costos de producción, harían que el precio determinado por un privado sea muy elevado, por lo que no obedecería a las restricciones de la sociedad (un alto precio excluye a muchos). Como la gasolina o el diésel son bienes de primerísima necesidad; y no contando los ciudadanos con recursos suficientes para pagar su verdadero precio, se justificó por muchos años la subvención estatal a los hidrocarburos. Esto permitió contar con la provisión de este bien, a menores precios para su consumo y por lo tanto, para un mayor número de personas (aunque no siempre es una medida óptima).

En el caso de la minería que también está relacionada a la provisión de un bien extraído de la naturaleza, no se justifica esta restricción, en vista de que en su mayoría los mercados de destino son internacionales, y por lo tanto, con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, la presencia del Estado se hace vital para la creación de políticas que eviten la excesiva degradación del medio ambiente, acciones que les son muy costosas a los privados, por la naturaleza en los procesos de extracción de minerales, la misma contaminación y las innumerables externalidades ocasionadas.

Debe quedar claro entonces, que la provisión de bienes públicos o cuasi públicos requiere de alguna manera la intervención del Estado; como productor o como regulador, según sea el caso. Sin embargo, si el organismo gubernamental participa en mercados completos, sin fallas, o sea, produciendo bienes privados, sólo distorsiona estos mercados y perjudica la provisión óptima del bien en cuestión.

Por otro lado, es claro que una empresa estatal en un rubro no estratégico, compite deslealmente con las empresas privadas. Dada una mala administración debido a un criterio no competitivo y rentista, no sólo proveen ineficientemente el producto y distorsionan los mercados, sino también, son subvencionadas por el Estado y significan una carga para la sociedad.

Respecto a la ineficiencia en la administración de empresas estatales en general, ésta no debería ser una verdad irrefutable, sin embargo, la economía también debería darnos algunas luces al respecto.

Sin duda, hay muchos aspectos que analizar, pero nos referiremos casi con exclusividad a un sistema de derechos de propiedad que debería permitir que los mercados sean completos, y por lo tanto, que las instituciones no fallen.

En una empresa pública, por un lado, no sólo el Estado o las autoridades de gobierno, sino también ciertos grupos de personas, diseñan esquemas de exclusión para otros grupos en pro de la seguridad laboral u otros aspectos, convirtiéndolo en su "bastión o su fuerte de guerra"; y por el otro lado, esta empresa pública, se asemeja a un recurso de propiedad común, no queda claro la propiedad sobre el activo, por lo que el recurso es de todos y de ninguno.

Estos aspectos hacen comprender el porqué de las denuncias respecto a corrupción, administración poco transparente, excesiva contratación de personal y en general inversiones que no reportan ganancias, sino más bien, pérdidas.

En una publicación de Página Siete, se mencionaba que el déficit operativo de las empresas estatales, durante estos últimos cinco años, alcanzó una suma superior a los 26 mil millones de bolivianos. Este monto implica que, por cada día durante los últimos cinco años, los ciudadanos de Bolivia, pagamos 14.8 millones de bolivianos por día, dado que alguien debía asumir ese déficit. Esto también implica que; dado que el monto anual supera los Bs. 5.400 millones, en vez de asumir esa pérdida, podíamos haber contratado a 230 mil trabajadores, con un sueldo de Bs. 1.900 durante los cinco anteriores años.

A propósito del segundo aguinaldo, se supone que éste significa un costo para el Estado de por lo menos Bs. 1.600 millones, lo que significa que con el monto anual del déficit mencionado, no sólo se debía pagar dos aguinaldos, sino que alcanzaba para pagar cuatro.

Esta es la muestra clara de que el modelo de Capitalismo de Estado, nuevamente fracasó. Podemos volver a afirmar que el Estado es un mal administrador de las empresas, y que los bolivianos no podemos darnos el lujo de seguir solventando la ineficiencia, dado que requerimos empleo, crecimiento y sostenibilidad. Sin embargo, lo que nos da el modelo, tan sólo es desempleo, crisis y corrupción.

Por: M. Sc. Joshua Bellott Sáenz