Ex defensores se unen a petición de medidas cautelares contra Ley de ONGs

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Waldo Albarracín y Rolando Villena, dos ex Defensores del Pueblo, se adhirieron a la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se apliquen medidas cautelares ante lo dispuesto por la Ley 351, referida a las ONGs, y su decreto reglamentario, por considerarlos violatorios de los derechos.

En una carta dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, ambos ex defensores expresan su adhesión a la petición planteada en septiembre por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (Ceadl) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

"Nos adherimos y solicitamos respetuosamente a esa ilustre comisión pueda dar curso a la solicitud de medidas cautelares pedidas por los peticionarios", señala la carta a la que accedió ANF.

Albarracín y Villena coinciden que la Ley 351, del 19 de marzo de 2013, su decreto reglamentario 1597 y la sentencia constitucional 0160/2015 violan el derecho a la libertad de asociación en Bolivia y el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas internacionales. La ley y el decreto obligan a las ONG y fundaciones a seguir los lineamientos de las políticas del Gobierno actual, bajo el riesgo de cierre.

Maina Kiai, relator especial de las NNUU para la libre asociación, dijo este año que su despacho "presentó un (texto) alegando que las disposiciones bolivianas restringen injustificadamente el derecho a la libertad de asociación previsto por el derecho, las normas y los principios internacionales", según el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege el derecho a la libertad de asociación y de la que Bolivia es parte.

Kiai recordó que las restricciones al derecho a la libertad de asociación solo son permitidas por el Pacto cuando están prescritas por la ley, persiguen un objetivo legítimo y son necesarias en una sociedad democrática. "Ninguno de los dos artículos cuestionados en el caso de Bolivia supera esta prueba", afirmó.

El director ejecutivo del Cedib, Marco Gandarillas, destacó que los dos únicos ex Defensores del Pueblo se adhieran a la petición contra la ley, "que en el fondo busca que todas las ONG, fundaciones e instituciones sin fines de lucro se alineen a las políticas gubernamentales sectoriales con el riesgo de ser cerradas con un simple procedimiento administrativo y sin derecho a defensa".

"Es terrible que tengamos que recurrir a instancias internacionales debido a que nuestras autoridades e instituciones no pueden ejercer un contrapeso", subrayó.

Gandarillas recordó que el Tribunal Constitucional, en lugar de evaluar las recomendaciones del relator Kiai sobre la vulneración de los derechos humanos y de libre asociación que tiene la sociedad civil, hizo una "interpretación vergonzosa" de las normas en cuestión.

Fuente: La Paz, 14 (ANF).-