Tanto la ciudadanía como los abogados consideran que el someterse a un juicio cuya contraparte sea una entidad estatal es un “caso perdido” puesto que los jueces -por más que la parte civil tenga la razón- parcializan su fallo con la parte que representa al Gobierno.
“Siempre seremos los perdedores puesto que todos los recursos que interpongamos son ignorados por los jueces que incluso ya tienen fama de ser militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), es sólo revisar las estadísticas desde que el oficialismo subió al Gobierno, del total de juicios donde una de las partes es el Estado, mediante cualquiera de sus dependencias, todos fueron fallados a su favor”, señaló Ruth Guzmán, que tiene un proceso con el Poder Legislativo desde hace más de cuatro años.
Comentarios como el de la anterior ciudadana son frecuentes en los pasillos del los tribunales paceños, donde la gente “de a pie” se considera desprotegida si por algún motivo se ve involucrada en un proceso judicial contra algún ente del Estado.
Según informaron a ANF funcionarios de las diferentes salas de “instrucción” y de “sentencia” del Tribunal paceño, la mayoría de los procesos judiciales entre civiles y estatales son por temas laborales, de uso indebido de influencias durante la gestión pública y por temas económicos, principalmente con la Contraloría y los ministerios.
El presidente del Colegio de abogados de la Paz, Bernardo Wayar, reconoció este extremo y afirmó que hoy en día el ciudadano boliviano está “totalmente desprotegido” en cuanto a sus derechos legales.
“Las Cortes en todo el país están rechazando el derecho ciudadano de utilizar recursos legales en defensa propia (…) En términos generales, se puede afirmar que el boliviano está desprotegido legalmente”.
El jurista explicó que existe un principio legal que se constituye en la base fundamental de administración de justicia, el denominado “principio de imparcialidad” que se está vulnerando en la coyuntura actual del país.
“Se supone que el juez está arriba de los litigantes y, justamente por el principio de imparcialidad, debe obrar en función a la ley. Está claro que el juez que obra de manera contraria está vulnerando la ley, lo que se constituye en un hecho ilícito, muy frecuente actualmente”, dijo.
En este marco, el fiscal de distrito paceño, Williams Dávila, señaló que de acuerdo a su experiencia en procesos judiciales, no existiría una “parcialización con el Gobierno” por parte de los jueces.
“Por lo menos yo no he sentido esto en ninguno de los diferentes procesos en los que fui parte acusadora, pero son los jueces los que deberían explicar si se da o no esta situación”.
Según el titular del Colegio de Abogados de La Paz, la única forma que este tipo de casos se resuelva de forma “justa e imparcial”, es que el Tribunal Constitucional boliviano entre en funcionamiento pleno.
“El hecho de no tener un Tribunal que pueda resolver todas las causas, hace que cada órgano judicial actúe por su cuenta afectando el principio de imparcialidad, por tanto, el Tribunal Constitucional está en la obligación de declarar la inconstitucionalidad de su norma de designación en cuanto le está limitando sus facultades.”, agregó Wayar.
Fuente: La Paz, 09 (ANF).-
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