La ruptura del hilo constitucional en Venezuela

La situación económica y política en Venezuela continúa agravándose de día en día, sin que las voces de demócratas de todo el mundo sean escuchadas a fin de terminar con la incertidumbre e iniciar un proceso de concertación entre oficialistas y opositores, con el objetivo de concluir un proceso supuestamente revolucionario, el que al final ha significado un abierto fraude, lleno de prebendas y corrupción, e iniciar una etapa democrática nueva sin los vicios anteriores, durante y posteriores a Hugo Chávez Frías.

Desde las dos partes en pugna se habla "orondamente" de un supuesto golpe de Estado, pero las condiciones actuales no son suficientes para que se haya dado un hecho tan grave, aunque no estamos muy lejos si los acontecimientos se agravan hasta cierto límite. El Gobierno de Maduro que controla por entero al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia, ha provocado la postergación indefinida del referendo revocatorio contra el actual Presidente de Venezuela, a pesar de haber recolectado la oposición la cantidad suficiente de firmas (1%) para iniciar el proceso, cosa avalada por el primer Tribunal y rechazada por el segundo, alegando fraude, situación inverosímil ya que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) cuenta con el apoyo de 55% del electorado.

Vale recordar que el máximo tribunal judicial de Venezuela declaró en desacato al parlamento, por haber desobedecido una sentencia de la Sala Electoral de ese ente judicial que le pidió no juramentar a 3 diputados contra los cuales existen denuncias de fraude electoral. Y en respuesta, el domingo 23 de octubre la Asamblea Nacional acordó "declarar la ruptura de orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado", cometido por el Gobierno del país, hecho que no significa todavía golpe de Estado, a pesar de haberse roto el hilo constitucional por las acciones de un poder del Estado (el Judicial) contra otro (el Legislativo) por las presiones de un tercero (el Ejecutivo). Otra cosa sería si el Poder Ejecutivo disolviera el Parlamento sin disolverse él mismo.

Ante esta situación, la Asamblea Nacional de Venezuela, en manos de la oposición, decidió iniciar un juicio político contra el Presidente, Nicolás Maduro, por romper el orden constitucional. Tampoco se trataría de un golpe de Estado como aseguran los oficialistas, sino de una escalada más del enfrentamiento. Otra cosa sería si la Mesa de Unidad Democrática recurriera a un levantamiento armado como en 1992.

Es evidente que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el poder perdió gran parte de la hegemonía y legitimidad con que contaba hace pocos años y cayó en el más craso autoritarismo (dictadura en democracia como en Bolivia). Son la pésima gestión y la corrupción institucionalizada las que han llevado al pueblo a una situación insostenible, a pesar de los grandísimos recursos que ingresaron al país como producto de la venta de petróleo. Y no es la oposición la que ha provocado la crisis, sino los propios errores del Gobierno. La fuga de divisas es escandalosa y Maduro no ha hecho nada por frenarla, al contrario, con sus medidas, la aceleró ya sea para beneficio propio o de sus correligionarios, especialmente los que manejan PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

¿Y qué queda por hacer? Primero, deben renunciar tanto el Presidente y Vicepresidente, así como los parlamentarios para convocar a nuevas elecciones en el plazo más breve posible. Segundo, una vez reconstituidos estos dos poderes, se debe cambiar por completo a los poderes electoral y judicial en un proceso transparente de elección. Tercero, asumir una economía de guerra para dar inicio a la recuperación de Venezuela. Cuarto, iniciar procesos judiciales para enjuiciar a todos los culpables de la crisis.