Alcalde pide a ediles presenten amparo constitucional por bono Pro Fundación

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El alcalde Edgar Bazán pidió a los trabajadores municipales acudir a un Tribunal de Garantías para que sea esta instancia la que dé visos de solución al conflicto que se presenta en la Alcaldía por la no cancelación del incentivo económico bono Pro Fundación, la autoridad señaló que se siente entre la espada y la pared, porque por un lado la Contraloría y los vecinos observan este pago y por el otro los funcionarios piden su cancelación.

Bazán, explicó que este pedido se lo hizo conocer a los dirigentes de los dos sindicatos ediles a través de la nota que se les envió dando a conocer que en esta gestión no se cancelaria el incentivo económico, hace casi 10 días atrás.

Bazán, señaló que el Amparo debe ir dirigido en contra de las autoridades ediles, porque actualmente su persona se encuentra en medio del conflicto con pocas opciones de solución, ya que por un lado están los trabajadores que a través de una sentencia firmada por un juez laboral exigen el pago del bono que se canceló por más de 25 años.

Por otro lado está la Contraloría que a través de auditorías establece que el pago de este bono está en contravención al Decreto Supremo 21060, por lo que recae una responsabilidad civil en contra de la autoridad edil, además a eso se suma el pedido de los dirigentes vecinales de no hacer efectivo el pago por la época de austeridad que atraviesa el Municipio.

"Frente a toda esta situación nuestra decisión es de no cancelar pero también les sugerimos que acudan a la vía llamada por ley para exigir que se respeten sus derechos adquiridos, por tanto más allá de hacer paros o huelgas, se debe acudir a esta instancia, porque si no, podríamos enfrentarnos el pueblo con los trabajadores", manifestó.

ANTECEDENTES

El pago del incentivo económico bono Pro Fundación se refiere a la cancelación de un salario a los trabajadores regulares del Municipio, su nombre se debe a que esta cancelación se efectúa en las fechas de celebración de la fundación de la ciudad de Oruro, fue cancelada en 1987 por primera vez en la gestión de Carlos Cerrate Borda, tiene dos sentencias ejecutoriadas ganadas que, según los trabajadores ediles, avalan su cancelación.

La Contraloría observa el pago de este bono amparado en el artículo 58 del Decreto Supremo 21060 y ya emitió un dictamen de responsabilidad civil para el alcalde Edgar Bazán y algunos funcionarios por la cancelación de este beneficio entre las gestiones 2008 y 2009, además de procesos similares en contra de otras ex autoridades ediles.

En esta gestión el pasado 31 de octubre la autoridad edil desistió su cancelación, a su vez el contralor general del Estado Henry Ara Pérez, indicó que este y otros bonos similares que se pagan en varios municipios del país carecerían de legalidad, lo cual motivó el enojo de los municipales quienes desde el reciente viernes efectuaron movilizaciones en defensa de este incentivo económico.

Fuente: LA PATRIA