La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su ArtÃculo 11:
"Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantÃas necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito".
Cualquier paÃs del mundo que sea parte de las Naciones Unidas y haya suscrito esta declaración debe adecuar su texto constitucional a estos principios. Cuando en 2009 se promulgó la nueva Constitución, se incorporó en su artÃculo 123 el siguiente concepto: "La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, exceptoÂ?en materia de corrupciónÂ?". Es decir que en esa materia la CPE impuso la retroactividad de la ley. Esa disposición vulneraba de modo flagrante los citados principios universales sobre derechos humanos. Esa fue la razón por la que el Tribunal Constitucional (TCP) en su sentencia 770 de 2012, dejó claro que la parte citada del ArtÃculo 123 de la CPE y la interpretación general de la Ley 004 "Marcelo Quiroga Santa Cruz", referida materia sustantiva en delitos de corrupción, no pueden aplicarse retroactivamente.
Cuando se defiende a una persona, basándose en la ley, no se valora el fondo y el contenido del hecho que se pretende juzgar, sino el derecho del acusado de ampararse en la norma. Una cosa es la opinión subjetiva de cada quien sobre una persona y lo que hizo, y otra muy diferente es pretender adaptar la ley a esa opinión subjetiva.
Es bueno recordar además, en un escenario complejo como el que vivimos, que un ciudadano que ve que el debido proceso es vulnerado en el paÃs, tiene todo el derecho de apelar a organismos internacionales para denunciar su situación.
Es imprescindible que los bolivianos comprendamos que las leyes están hechas para cumplirlas. La ley no es una plastilina maleable que moldeamos a nuestro gusto y sabor en función de nuestros intereses, con el objetivo de lograr que siempre nos sea favorable o que, desde el poder, la usemos a nuestro arbitrio. Si no lo entendemos es y será imposible construir una sociedad democrática, civilizada, respetuosa y sobre todo que garantice nuestros derechos y libertades por encima de todo. Derechos y libertades imposibles sin el cumplimiento de nuestros deberes, el más importante de todos someternos a la ley.
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