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Domingo 30 de octubre de 2016

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Domingo 30 de octubre de 2016
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Editorial y opiniones

Los estados y la vigilancia masiva ilegal

30 oct 2016

Sara Mosleh Moreno

Cada vez son m√°s los gobiernos que, en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, dan carta blanca al espionaje de sus ciudadanos. Pa√≠ses como Francia, Reino Unido, Rusia o Hungr√≠a han introducido, en los √ļltimos meses, legislaciones que apoyan la vigilancia masiva en todo el mundo. Estas leyes permiten la interceptaci√≥n "no individualizada" de todas las comunicaciones electr√≥nicas, ampl√≠an el periodo de tiempo para retener la informaci√≥n almacenada y otorgan un mayor poder al ejecutivo, al eliminar la necesidad de una autorizaci√≥n judicial previa.

Que estas legislaciones hayan sido aprobadas preocupa, y mucho. Sobre todo, cuando hace tan solo tres a√Īos salieron a la luz documentos que probaban la existencia de programas de vigilancia sobre las comunicaciones privadas de millones de personas en todo el mundo. Los informes filtrados por el ex analista de la CIA y de la NSA, Edward Snowden, revelaron que decenas de agencias de varios pa√≠ses colaboraban entre ellas para expandir y consolidar una vigilancia globalizada. Con este objetivo, las agencias emplearon m√©todos muy diversos. Desde la introducci√≥n de software esp√≠as en aplicaciones m√≥viles, pasando por la interceptaci√≥n de llamadas, correos electr√≥nicos y transacciones financieras, hasta la colaboraci√≥n con compa√Ī√≠as tecnol√≥gicas tan populares como Google, Facebook o Microsoft, entre otras, quienes de forma voluntaria o a cambio de millones de d√≥lares, entregaron datos de sus clientes, adem√°s del acceso a sus servidores. Todo esto les permiti√≥ crear perfiles de pr√°cticamente cualquier persona, pues gracias a estos datos se pudo deducir su modo de vida, pa√≠s de origen, edad, sexo o ingresos.

A pesar del gran escándalo que causaron estos informes, y las promesas de diversos países de revisar las agencias de inteligencia, no se hizo nada. Es más, ahora la vigilancia masiva está siendo institucionalizada con la complicidad de gobiernos y tribunales, a través de leyes que son incompatibles con el respeto a la privacidad y que carecen de las más mínimas garantías legales.

Hablamos de una cuestión de derechos humanos que puede tener un impacto devastador en nuestra sociedad. Primero porque estas nuevas leyes atacan directamente nuestro derecho a la intimidad, recogido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en casi todas las constituciones y tratados internacionales. Y segundo, porque limitan el ejercicio de otras libertades, como la libre expresión. Nada en estas leyes prohíbe a los estados compartir los datos privados con gobiernos que no respetan éste derecho, lo que podría hacer mucho más fácil la persecución de activistas, periodistas o disidentes en todo el mundo.

El statu quo es inaceptable. Es necesario un debate, tanto parlamentario como p√ļblico, que sea claro y exhaustivo y que pare los pies a este "Gran Hermano" que nos vigila a todos. Solo as√≠ recuperaremos, como dice Edward Snowden, "no solamente una cuota de legalidad para los gobiernos, sino una cuota de libertad para nuestras vidas digitales".

(*) Periodista

Tomado de Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)

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