Nacionalización de las minas bolivianas

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Nuestra historia marca fechas importantes que han significado grandes cambios en el orden socio político de la comunidad y particularmente de sectores laborales como el de los mineros cuya presión en defensa de nuestra riqueza natural, obligó a gobiernos de turno aplicar drásticas medidas para "recuperar" el control sobre la explotación y venta de nuestros recursos minerales, que manejaban de manera directa los barones del estaño, Patiño, Hoshchild y Aramayo dejando una mínima retribución al Estado boliviano que cedió ingente cantidad de sus minerales y millonarias percepciones económicas, fuera de todo control estatal.

La nacionalización de las minas fue una de las principales medidas aplicadas al ritmo de una revolución nacionalista que tuvo su máxima expresión en abril de 1952 con el levantamiento popular que encumbró al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en el poder del gobierno boliviano, luego se aplicaron otras medidas trascendentales como la reforma agraria, el voto universal y una complementación de las mismas para su ejecución con sentido de beneficio colectivo.

La relación histórica recuerda que tras la nacionalización de las minas, los trabajadores mineros recién percibieron que aunque el estaño estuviera bajo control del nuevo Estado, éste no controlaba el flujo de concentrados que se transfería a gigantes fundiciones del exterior en las que se transformaban nuestros concentrados en metálicos para mover poderosas industrias que negociaban con los barones del estaño.

Tal situación que cambió la administración del sector, abrió la expectativa por fundir directamente nuestros minerales, como un complemento absolutamente indispensable en función de mejorar nuestras exportaciones, para no seguir siendo vendedores de "tierra mineralizada", como se denominaba a los concentrados extraídos de las entrañas de la tierra en oscuros y profundos socavones. Comenzó entonces el interés común de contar con una fundición propia para transformar nuestro estaño. La revolución seguía en marcha.

El recuerdo de épocas especiales no se borraron en la memoria de antiguos luchadores sindicales de la minería que pese a los cambios de fondo y forma en la estructura administrativa de la minería nacional, además del sistema productivo que pasó obligadamente a la responsabilidad de los mineros, apoyados por muy pocos profesionales que se mantuvieron en sus cargos, leales al sistema productivo pero sopesando las restricciones propias de una nueva estructura que ya no contaba con la fuerza de los capitales privados de los "barones" que dejaron el país, las minas y su riqueza, parte de la cual se mantiene en la actualidad como muestra de aquellos tiempos de bonanza y de vida con riqueza, ahí están los museos que fueron parte de los bienes del magnate Simón I. Patiño.

Pero la minería necesitaba de una nueva política de Estado para seguir siendo puntal de la economía, por lo que a través de la Comibol, se estructuraron algunos planes que más sirvieron a los cambios políticos de un largo proceso en que muchos políticos, partidos y golpistas, utilizaron los recursos de la minería para sostener regímenes, algunos oprobiosos que conculcaron las libertades y los derechos de los bolivianos y en especial de los mineros, encargados de horadar las entrañas de la tierra para obtener grandes cantidades de minerales, que se exportaban como concentrados, con una pérdida para el país, pero rindiendo utilidades a las fundiciones internacionales.

El líder político socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, fue el que denunció el enriquecimiento de los barones del estaño, que amasaron fortunas con la minería boliviana, dejando el país en condición de campamento y predestinado a mantener una pobreza, pese a tener una gran riqueza por explotar, pero en beneficio de los bolivianos, en una república libre y soberana.

Ya entonces se profundizó el paradigma de cambiar esa situación y liberar la economía nacional, dependiente plenamente de la explotación de los recursos mineros no renovables. Era tiempo de fortalecer a la Comibol, que también este mes, recuerda 64 años de existencia, aunque una buena parte de esa vida institucional sirvió como elemento clave para el sustento de gobernantes y el funcionamiento de esquemas que derrocharon las riquezas mineras del país.

El reto era claro, la minería tendría que cambiar, la Comibol, recuperar su condición de dirección en las estrategias de producción minera, pero sobre todo aplicando una "política minera nacional", la que como se observa al presente sigue siendo una alternativa que no se cumple y que retrasa la "reactivación minera". Han transcurrido 64 años de la nacionalización de las minas, de la creación de Comibol y la gran idea de fortalecer el sector productivo minero, sigue siendo "una gran idea", como lo reconocen los propios mineros y sus dirigentes, coincidiendo con los expertos y entendidos de la materia.

Si hay algo que salió adelante y nos permitió mejorar nuestra condición productiva logrando convertir nuestros concentrados en lingotes de estaño, un paso importante hacia la industrialización de nuestros minerales. La fecha es propicia para saludar el valor, la entereza, el compromiso y la decisión de nuestros mineros para "reactivar la minería boliviana".

P.M. Agencia Uru