Esposa de Humala niega participación en concesión de Gasoducto del Sur

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La esposa del ex presidente peruano Ollanta Humala, Nadine Heredia, negó hoy (ayer) haber tenido alguna participación en la concesión del Gasoducto del Sur, otorgado en 2014 a la brasileña Odebrecht y la española Enagás, tras declarar ante la Fiscalía peruana que la investiga por ese caso.

Heredia declaró a la prensa que ha sido "clara" en las declaraciones que ha dado, "deslindando tajantemente de alguna participación en este proceso o en cualquier otro del mismo tipo".

La ex primera dama acudió por, segunda vez, ante la Segunda Fiscalía Anticorrupción y aclaró que lo hizo en calidad de testigo y con la intención de que el tema se aclare.

Según denuncias de colaboradores en la investigación fiscal difundidas por la prensa, Heredia participó en las negociaciones para favorecer al consorcio, que finalmente ganó la concesión para trasladar el gas desde la reserva de Camisea hasta la costa Sur del país.

Tanto Heredia como Humala están siendo investigados por la fiscalía anticorrupción por presunto lavado de activos debido a las supuestas irregularidades en el manejo de fondos del partido Nacionalista, que ambos fundaron.

Sobre esta denuncia, Heredia declaró que la inclusión de Humala en esa investigación, tras dejar el ejecutivo en julio pasado, es la vía normal que tenía que pasar y que "tendrá que declarar y sustentará su caso".

"Estamos sumamente tranquilos y con el ánimo de colaborar con la justicia", aseguró Heredia, quien tiene impedimento de salida del país por las pesquisas en su contra.

El próximo 9 de noviembre, Humala tendrá que acudir al mismo despacho de la fiscalía para responder por la licitación del Gasoducto del Sur, tal como lo hizo el ex presidente Alan García (1985-1990, 2006-2011) en septiembre pasado.

El consorcio formado por la española Enagás y la brasileña Odebrecht se adjudicó el 30 de junio de 2014 la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) al ofrecer 7.328 millones de dólares por el costo total del servicio.

Sin embargo, el año pasado Odebrecht vendió a la peruana Graña y Montero un paquete de 20 % de acciones, del 75 % que tenía en el proyecto, y encargó a Enagás la gestión de la concesión, tras el escándalo de corrupción que ha llevado a prisión a varios de sus directivos en Brasil.

El proyecto consiste en el diseño, financiación, construcción, operación, mantenimiento y transferencia al Estado Peruano de un Sistema de Transporte de Gas Natural con una longitud de más de 1.000 kilómetros y un diámetro de 32 pulgadas, en tres tramos.

El ducto recorrerá 1.080 kilómetros desde la reserva de gas de Camisea (en la región de Cuzco) hasta Ilo (en la región de Moquegua), donde se instalará un polo petroquímico.

Fuente: Lima, 25 (EFE).-