En democracia el arte de gobernar se cimenta en principios como eficiencia, honestidad y responsabilidad; esta trilogía, está condicionada a que haya eficacia en lo que se hace, prudencia en lo que se resuelva, capacidad y profesionalismo en lo que se estudie, examine, se decida y realice conforme a normas legales; pero, todo ello debe ser en planos de austeridad en los gastos porque se trata de disponer de fondos financieros que pertenecen al país que se administra, y no es propiedad ni de personas ni de partidos políticos ni de grupos que presionan a autoridades para que practiquen dispendiosos y hasta malos manejos.
Nuestro país, pese a los grandes optimismos que pregona el gobierno, vive un tiempo de crisis, un fenómeno que se ha producido por la baja de precios internacionales del gas, minerales y materias primas que exportamos y que, ahora, con precios bajos, han reducido los ingresos nacionales. Si bien en el período de "vacas gordas" o bonanza financiera se ha logrado conformar una buena reserva internacional que ha sobrepasado los 15 mil millones de dólares, esa misma crisis ha determinado que el gobierno utilice parte de esas reservas tanto para inversiones que indica periódicamente como para soportar a las empresas públicas que, casi como norma, siempre confrontan malas situaciones.
La austeridad es una virtud que debe practicarse como norma de vida de la colectividad y, mucho más de las autoridades de gobierno que han recibido el mandato constitucional de administrar el país sujeto a normas constitucionales, legales y morales que no puede ni debe soslayar. Creer que el poder permite disponer a capricho y hasta festinatoriamente de dinero del Estado -dinero que no es del gobierno- es yerro garrafal, porque son medios logrados por el país y no debido a políticas que haya aplicado el régimen gobernante; es dinero que debe ser administrado con mucha solvencia moral, con el debido raciocinio, la honestidad y prudencia que requieren las circunstancias.
Aprovechar una bonanza económica para disponer discrecionalmente del dinero en obras o adquisiciones que no corresponden o son ajenas al bien común, no es prudente ni responsable; es, en todo caso, contrario a los intereses nacionales, es dilapidar lo ajeno. La comunidad boliviana, en los tiempos de crisis en que se vive, enfrenta la realidad y, por ello mismo, exige que las autoridades obren de acuerdo a lo que convenga a la nación. El dinero no ingresa a las arcas nacionales ni a economías personales porque "cae del cielo" y, por simple gravitación, ingresa al TGN debido a la producción, al esfuerzo, disciplina, eficiencia en lo que se realiza y requiere manejos totalmente apegados a las leyes y a normas morales cuya práctica debe ser regla de comportamiento.
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