Sobre la consulta previa

Se trata de un tema que tiene contradictorios efectos, dependiendo del ángulo desde el que se observe su cumplimiento, que entre otras cosas tal como está lleva a una duda que merece aclararse para evitar conjeturas que pueden desembocar en conflictos sectoriales.

Para empezar un rápido análisis, hay que convenir en que nuestra Carta Magna señala muy claramente que los recursos naturales existentes en el país, así de manera generalizada, pertenecen a todos los bolivianos, por lo mismo su explotación debe redituar beneficios proporcionalmente dispuestos a todos los sectores, inclusive a los que no tienen riqueza que se encuentre en la capa terrestre, para aclarar el panorama, en el suelo y el subsuelo.

El otro rubro de exploración de riqueza dormida y que merece una cuantificación urgente de su potencial y la aplicación de políticas dinámicas para su futura extracción, es la minería que sigue rindiendo en los viejos yacimientos, pero con un notorio debilitamiento de su volumen y calidad. Esto hace suponer la urgente decisión de encarar trabajos de prospección y exploración para confirmar la existencia de reservas mineras, que en cierto tiempo, hacia adelante, se convertirán en el sostén económico del país.

El problema que impide acometer esos proyectos en los dos rubros, gas y minerales, es una disposición también vigente que establece la realización de una "consulta previa" por parte del Estado o de empresas privadas a los "originarios" pobladores de áreas en las que hay yacimientos de recursos naturales, para que estos aprueben o no la realización de tareas exploratorias, generalmente ese "visto bueno" se hace esperar y los planes deben retrasarse o suspenderse.

Son muchos los casos que se registran sobre la materia y efectivamente resulta preocupante, cuando algunos proyectos claramente pueden alterar el medio ambiente, alterar el hábitat comunitario, contaminar aguas y/o tierras, lo que no puede admitirse, en cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente.

Pero, el hecho es que en el último tiempo muchas cosas han cambiado, por ejemplo la tecnología exploratoria que no debe alterar el modus vivendi de mucha gente, tanto en zonas donde se exploran pozos o en otras donde se busca mineral y una vez cuantificado el potencial de la riqueza natural, deben cumplirse de manera obligada convenios con las empresas productoras para que estas garanticen la "limpieza" de sus operaciones y además configuren programas de orden social para mejorar las condiciones de vida de los pobladores en el entorno de la explotación minera o petrolera.

Recientemente el Primer Mandatario, repitiendo lo que ya mencionó hace tiempo, pidió a los sectores indígenas y a organizaciones no gubernamentales ONG´s, no perjudicar los trabajos de exploración hidrocarburífera en una zona de Pando, región que actualmente es agroganadera, pero en la cual se habrían detectado indicios de la presencia de hidrocarburos.

El problema tiene relación también con proyectos mineros y la resistencia de algunos comunarios, empeñados en evitar trabajos exploratorios en sitios en los que el mineral está a "flor de tierra" y sin uso para beneficio del lugar. Hay que aclarar y adecuar las normativas de modo que la riqueza boliviana sea utilizada correctamente y beneficie al crecimiento nacional.

Fuente: LA PATRIA