El pueblo colombiano ha dicho "no" a las exigencias de las FARC y ha dicho "sí" a la paz pero sin condiciones que serían humillantes. Luego del acuerdo para deponer las armas y suspender los enfrentamientos, el gobierno del Presidente Santos convocó a un plebiscito que dio como resultado que la mayoría del pueblo colombiano no esté de acuerdo con los términos -más propiamente condiciones- que han impuesto los guerrilleros. El "no" colombiano implica una vocación más por la paz luego de 52 años de haber soportado una especie de genocidio y destrucción del país por parte de las FARC que, en complicidad con el Ejército de Liberación Nacional y las mafias o carteles del narcotráfico han causado a Colombia.
Los resultados son coincidentes en sentido de buscar e imponer la paz pero no en las condiciones aberrantes que exigen las FARC. El acuerdo de paz, luego de largas conversaciones, fue firmado en Cuba y fue el presidente cubano, hermano del ex-dictador Fidel Castro, el que actuó como una especie de mediador; pero, lo lamentable es que haya tenido que intervenir el gobierno castro-comunista de Cuba en la firma de un acuerdo de paz cuando es ese régimen el que ha propiciado y apoyado decidida y hasta fanáticamente las acciones de las FARC y sus multiples crímenes que han enlutado a varias generaciones. Para el orgullo y dignidad colombianos podían haber intervenido en las conversaciones y firma del acuerdo de paz cualesquiera de las muchas instituciones y países democráticos del mundo. El régimen cubano no es garantía de paz y concordia para nadie y menos para Colombia, que siempre ha sido país amante de las libertades, la justicia, la paz y la institucionalidad.
Colombia tiene una población mayor a los 48 millones de personas; los que votaron son la minoría y quedó más del 60% que no asistió a las urnas.
Esa mayoría es, con toda seguridad, decididamente partidaria de la paz pero no en las condiciones impuestas por las FARC. El acuerdo, por los contenidos favorables en todo sentido a quienes han cometido tanto crímen y han causado daños irreparables a Colombia, es una burla, una afrenta a la democracia y a las libertades de un país que ha buscado durante más de medio siglo que se evite la guerra y haya paz e imperio de las libertades y la justicia. El acuerdo contiene condiciones que son ofensa y muestran mucha maldad y cinismo en quienes han mostrado insanías en todo sentido; pretender que se cumplan los puntos consignados en el acuerdo como "libertad total para todos los guerrilleros, compensaciones y pensiones financieras, reconocimiento de 24 escaños para 12 diputados y 12 senadores" y muchas otras ventajas y granjerías imposibles de aceptar.
Las FARC, exigen la entrega de muchísimos millones de dólares para "la sobrevivencia de sus tropas" y el pueblo, con justa razón, exige que los guerrilleros compartan las fortunas que les implica su participación en el narcotráfico y el fruto de los miles de secuestros, robos y asaltos que han inferido al país y su economía.
Hay cinismo y menosprecio por la dignidad del pueblo en los dirigentes de las FARC que no debió haberse aceptado y que en las revisiones a practicarse deben ser anuladas a riesgo de que las FARC, al ver fracasado su chantaje, expresen: "Si no hay aceptación de las condiciones, sigue la guerra". Como corolario de todo, el dirigente de las FARC, que firmó el acuerdo, dijo: "ofrezco el perdón" cuando los únicos culpables que son ellos deberían pedir perdón a todo el pueblo colombiano que tanto ha sufrido. La paz sí, pero no así, ha expresado el pueblo porque no puede aceptar la humillación que buscan inferir los guerrilleros, postura que el mundo ve como un desafío y ajeno a todo principio moral. Debe quedar la esperanza de que todos los colombianos logren la unidad para una paz cierta y perdurable.
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