En los últimos días y por una mal habida coincidencia, medios de comunicación del interior, caso de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, informaron sobre algunos hechos preocupantes que tienen que ver con el microtráfico de droga, marihuana y cocaína, en lugares céntricos de las ciudades señaladas y lo que más llama la atención en proximidad de establecimientos educativos.
Pero lo más preocupante es que un caso reciente de esa naturaleza se registró en nuestra ciudad, cuando personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) detectó a dos individuos sospechosos que resultaron ser microtraficantes, pues en las mochilas que portaban se encontró más de 200 pequeños sobres, unos con marihuana y otros de cocaína, que según las declaraciones de los traficantes se comercializaban a 30 y 50 bolivianos cada envoltorio.
No cabe duda del tráfico de drogas en pequeña escala pues lo incautado se sometió a las pruebas químicas de rigor, dando resultado positivo. Fue una operación especial, gracias a la experiencia de los policías que cumplían un patrullaje de rutina, en este caso muy cerca a un establecimiento educativo ubicado en la Av. 6 de Agosto, donde se habría observado cierto movimiento sospechoso de los comercializadores de droga.
Los responsables están detenidos, seguramente serán juzgados bajo las normas de la Ley 1008, sin embargo el asunto no debe quedar ahí, así se cumplan todos los actuados legales. Se trata de un atentado contra la seguridad de estudiantes, una afrenta a la seguridad de algunos establecimientos, una situación de alto riesgo para la comunidad educativa y una llamada de atención a padres de familia para ejercitar mayor control en el comportamiento de hijos, niños y jóvenes que son inducidos a la peligrosa práctica del consumo de drogas.
Según las autoridades de la Felcn, existe una instrucción precisa de nivel superior para extremar recursos en la investigación de este tipo de delitos que amenazan con alterar la conducta, salud y seguridad de los estudiantes, por lo mismo se efectúa un seguimiento especial en determinados lugares, considerados de alto riesgo, precisamente por el poco control en los establecimientos, la ausencia de padres de familia y la falta de previsión en ciertos niveles educativos, a través de programas especiales en los mismos centros educativos.
Algunas referencias, producto de las investigaciones, revelan que el uso indiscriminado por parte de los jóvenes, hombres y mujeres, de celulares y por esa vía de acceso a internet, complica las tareas de investigación y favorece de manera abierta a los traficantes, sin que tutores, padres y maestros perciban ese detalle totalmente dañino que se produce como un hecho rutinario entre los estudiantes, especialmente los de cursos intermedios y finales, donde los celulares parecería que fuesen parte de los útiles y materiales educativos.
Bajo tales condiciones de peligrosidad, se hace necesario adoptar políticas de riguroso control, en el comportamiento de los estudiantes, tanto en el hogar como en los centros educativos. Debe reglamentarse el uso de celulares para fines de seguridad de los jóvenes y no para que puedan convertirse en víctimas de los malhechores. Padres y maestros pueden ejercer estricto control en esa materia.
El caso descubierto recientemente en nuestra ciudad, es una llamada de atención directa a los padres de familia y los maestros para observar el comportamiento de hijos y alumnos y revelar y denunciar la más mínima alteración de comportamiento. Las autoridades por su parte deben extremar recursos para ampliar sus operaciones de control y resguardo del sector estudiantil.
Fuente: LA PATRIA
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