Ex ediles "zafan" de audiencia cautelar por segunda ocasión

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La audiencia de medidas cautelares de la ex alcaldesa de Oruro, Rossío Pimentel y de los funcionarios que la acompañaron en la Alcaldía en pasados años, por el caso de la compra presuntamente irregular de retenes móviles en la anterior gestión edil, fue suspendida por segunda vez y por las mismas razones, pues no se logró notificar a todos los sindicados de este hecho.

La audiencia cautelar, que inicialmente debía realizarse el viernes 16 de septiembre, fue reprogramada para el miércoles 5 de octubre en horas de la tarde, debido a que de los cinco imputados solo dos habían sido notificados debidamente, entre ellos Henry Rojas, Sergio Rojas, Robert Sardinas e Ivo Retamozo.

Ayer esta audiencia nuevamente fue suspendida, debido a que existe aún uno de los sindicados que no pudo ser notificado legalmente, pues aparentemente la dirección del domicilio de esta persona que fue proporcionada por el Ministerio Público, no es la correcta.

La autoridad judicial explicó que la dirección que se tenía del quinto imputado no correspondía, por lo que se tuvo que reprogramar nuevamente la audiencia, para el jueves 20 de octubre a las 15:30 horas. Asumirán algunas acciones para que esta vez sí se pueda notificar legalmente al sindicado.

"Se ha ordenado se realice una notificación a Sereci (Servicio de Registro Cívico) para que el mismo llegue a realizar un informe respecto al último domicilio del imputado que falta, es más se ha ordenado que la Fiscalía pueda adjuntar más documentación para que se pueda efectuar su notificación legal", aseveró el juez Sanabria.

ANTECEDENTES

La ex alcaldesa y quienes la acompañaron en su gestión edil, fueron imputados por la presunta compra irregular de tres retenes móviles por medio millón de bolivianos, aproximadamente.

Sin embargo, las actuales autoridades de la Alcaldía denunciaron esta adquisición, porque existirían varias irregularidades. Indican que fueron adquiridos sin proyecto o justificación.

Asimismo la fecha de compra fue en diciembre de 2014 y supuestamente el 31 de ese mes ingresaron a almacenes; pero se verificó que en realidad fueron entregados en febrero del 2015.

Además que la unidad solicitante era la Secretaría de Cultura, pero los retenes son para seguridad y primeros auxilios, por lo que no correspondería que la mencionada dependencia edil haga la compra de ese tipo de equipos.

Fuente: LA PATRIA