El grave problema surgido entre el gobierno y las cooperativas mineras ha culminado con la muerte de cinco mineros en enfrentamientos con la Policía y el asesinato, luego de ser sometido a torturas, del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, que trató, por todos los medios de conciliar criterios, de apaciguar los ánimos y encontrar, en concordia, solución a los problemas planteados.
El caso, condenable desde todo punto de vista de que se produzcan enfrentamientos entre policías y mineros debió merecer, en sus inicios, las investigaciones precisas y necesarias para establecer debidamente qué ha ocurrido, por qué ambas fuerzas contendientes han tenido que llegar al uso de armas y, lo más importante y necesario, establecer qué orígenes tuvo el asesinato del Viceministro de Régimen Interior que no hizo otra cosa que cumplir sus deberes como funcionario del gobierno. Han pasado muchos días y recién hay preocupación en las partes por establecer la realidad, más o menos, de los hechos que todo el país lamentó y que conmovió hasta a la conciencia internacional.
Lo grave de esta situación es que ambas partes, gobierno y mineros, están empecinados en mantenerse en posiciones caprichosas acordes con lo que ellos creen. La verdad es que el gobierno, solo mediante los mecanismos policiales y judiciales debería instruir la investigación de los hechos; en otras palabras, es el Ministerio del Interior con muchas de sus dependencias el que coopere a las investigaciones. Por su parte - lo que resulta más importante para el futuro - es que el gobierno debe abocarse a encontrar soluciones a los problemas planteados por miles de cooperativistas que han sido durante diez años más que mimados y aliados incondicionales del gobierno y su partido. El que el gobierno actúe en busca de remedios a cuestiones políticas, económicas y sociales a que hubiese lugar, es algo primordial para encontrar caminos de avenimiento, concordia y armonía entre las partes.
Es preciso pues, una adopción de tregua o de paralización del conflicto que tiene a las partes divididas, encaprichadas, enervadas por lo ocurrido y no se deja espacios para encontrar los remedios; hay posiciones que, como una especie de chantaje, se adopta en cada parte porque cada uno quiere dialogar bajo sus condiciones y cada instancia espera que ceda la otra. En otras palabras, debería primar la institucionalidad en la búsqueda de soluciones porque con posiciones discordantes no se llegará a ninguna solución que aclare debidamente los hechos y muestre los caminos que remedien un conflicto que, con ánimos caldeados y posiciones encontradas, no se llegará a nada y, por el contrario, se agravará la situación. Por su propia responsabilidad, dignidad y moral los dirigentes del cooperativismo deben contribuir a descubrir a los autores de las torturas y asesinato del Viceministro; ocultar o encubrir a los culpables implicaría que todos son solidarios con el crimen y, además resultarían culpables; sería, por otra parte sentar precedentes para que el nombre de la solidaridad se cometan crímenes de toda laya.
El gobierno cuenta con las leyes que está obligado a cumplir y hacer cumplir; los cooperativistas alegan tener razones poderosas para mantenerse en situación de apronte; pero, tienen que tener en cuenta que su entidad, como institución laboral, está obligada al diálogo, a la concordia y encuentro de soluciones. No pueden ni deben primar los caprichos y las soberbias que todos pretenden imponer. El gobierno tendrá que ceder en todo lo racional y lógico que las leyes permitan y los dirigentes del cooperativismo entender que deben ajustar sus actos a lo que determinan las leyes haciendo abstracción de caprichos y orgullos que sólo pueden radicalizar situaciones inconvenientes para el país.
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