Suspenden audiencia cautelar de ex alcaldesa y ex funcionarios ediles

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La audiencia de medidas cautelares de la ex alcaldesa Rossío Pimentel y otros cinco ex funcionarios municipales, por el caso de la presunta compra irregular de tres retenes móviles durante su gestión edil; fue suspendida ayer por la mañana, debido a que las autoridades judiciales no cumplieron con las notificaciones a todos los imputados por el hecho.

La audiencia había sido fijada para las 09:00 horas en el juzgado cautelar número 3 de la ciudad de Oruro. En la misma debían estar presentes los abogados de los 6 imputados por la presunta compra irregular de retenes móviles a finales del año 2014.

Sin embargo, recién a las 09:30 se inició con la audiencia, que tras 15 minutos aproximadamente fue suspendida, debido a que de los seis imputados en este caso por la Fiscalía Departamental, solo asistieron dos, ya que los otros no habrían sido notificados debidamente.

Al salir de la sala cautelar número tres, la ex alcaldesa Rossío Pimentel que fue una de las dos personas sindicadas que se presentó, no quiso brindar declaraciones a la prensa y se limitó a indicar que será su abogado quien hable por ella.

"Ha sido suspendida la audiencia porque varios de los imputados no han sido legalmente notificados, a diferencia de Rossío Pimentel que se ha presentado de manera puntual y con su correspondiente defensa técnica", manifestó el abogado de la ex alcaldesa, Julio César Torrico Salinas.

El defensor de la ex autoridad, informó que existe una imputación formal contra Pimentel, pero que seguramente se tendrá un "debate interesante" sobre la supuesta irregularidad en la compra de los retenes, cuando se lleve adelante la audiencia.

ANTECEDENTES

La ex alcaldesa Rossío Pimentel fue imputada por el Ministerio Público, después de la denuncia que hiciera el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, por la presunta compra irregular de tres retenes móviles, por un valor de 595 mil bolivianos. En el hecho están implicados también el actual concejal Henry Rojas y otras cuatro personas, ex funcionarios ediles.

Los retenes móviles, según la denuncia, fueron adquiridos sin proyecto o justificación alguna en diciembre del año 2014. El 31 del mismo mes supuestamente ingresaron a almacenes de la Alcaldía tal como establece el registro; sin embargo, se pudo conocer que físicamente estos bienes recién llegaron en febrero de 2015.

Asimismo, se señala en la denuncia que la unidad solicitante es la Secretaría de Cultura, pero que los retenes son de "seguridad y primeros auxilios", por lo que no correspondía a dicha dependencia hacer esa compra.

Estos retenes móviles aún no fueron pagados por la municipalidad, debido a que a finales del año 2014 la administración de Rossío Pimentel concluyó, pero las nuevas autoridades cuestionaron la compra y, tras una investigación interna, se determinó pasar el caso a conocimiento del Ministerio Público.

Fuente: LA PATRIA