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Un informe presentado hoy (ayer) en Brasil denunció el agravamiento de la violencia contra los pueblos indÃgenas por la acción de pistoleros a sueldo de agricultores y de madereros y la agudización de sus penurias por la omisión del Estado.
El estudio elaborado por el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), un grupo vinculado al Episcopado y que trabaja con pueblos nativos de todo el paÃs, da cuenta de asesinatos, tiroteos y conflictos por tierras en zonas con fuertes intereses agrÃcolas y el deterioro de las condiciones de salud en la región amazónica.
En 2015 se contabilizaron 137 asesinatos de indios en todo el territorio brasileño y desde 2003 se acumulan 891 homicidios entre los pueblos originarios.
En Mato Grosso do Sul, donde operan pistoleros supuestamente a órdenes de agricultores, han muerto 426 indios desde 2003, la mayorÃa de la etnia Guaranà Kaiowá, 36 de ellos el año pasado, cifra que, no obstante, experimentó un descenso con respecto al año precedente (41).
Según el recuento del CIMI, en 2015 se produjo una decena de ataques de pistoleros fuertemente armados contra comunidades guaranÃes kaiowás, que les disputan la tenencia de la tierra a los hacendados.
En algunos casos, como en el poblado Pyellito Kue, los campamentos indÃgenas fueron totalmente destruidos y diez indios resultaron heridos a bala, entre ellos una mujer embarazada y un chamán.
Los ataques de los pistoleros, en algunos casos, conllevan torturas a los jefes tribales y violaciones de las mujeres, como una forma de presión y de amedrentar a la población, según el informe.
Este tipo de agresiones ha supuesto un aumento de los suicidios en la zona, donde hubo 47 casos, más de la mitad de los 87 casos registrados entre indios de todo el paÃs.
Según el informe, en Mato Grosso do Sul numerosas comunidades viven a orillas de las carreteras en condiciones "inhumanas", a la espera de que el Estado concluya los lentos trámites de protección de las tierras que los indios reclaman como propias y donde están asentados los agricultores.
Estos trámites se alargan, según el grupo indigenista, muchas veces porque el poder judicial ha dado prioridad a la defensa de la propiedad "no siempre legal ni siempre legÃtima" en detrimento de los derechos originarios de los indÃgenas.
Según los indios, un gran número de agricultores arrebataron las tierras a sus antepasados a mediados del siglo XX, en muchos casos con la connivencia de las autoridades y falsificaron los tÃtulos de propiedad.
Los madereros llegaron a incendiar 200.000 hectáreas en los bosques dentro de las reservas indÃgenas para amedrentar a las comunidades y evitar que se opusieran a su actividad de tala ilegal.
Lo más grave, según el informe, es que el gobierno brasileño "se omitió" en relación a estas agresiones o "tardó mucho" en reaccionar.
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