Violencia contra indígenas empeora en Brasil

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Un informe presentado hoy (ayer) en Brasil denunció el agravamiento de la violencia contra los pueblos indígenas por la acción de pistoleros a sueldo de agricultores y de madereros y la agudización de sus penurias por la omisión del Estado.

El estudio elaborado por el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), un grupo vinculado al Episcopado y que trabaja con pueblos nativos de todo el país, da cuenta de asesinatos, tiroteos y conflictos por tierras en zonas con fuertes intereses agrícolas y el deterioro de las condiciones de salud en la región amazónica.

La situación más grave, en términos de violencia, se da en la zona de frontera con Paraguay, en el estado de Mato Grosso do Sul, una pujante región agrícola donde se registra cerca de la mitad de asesinatos de indios de todo el país.

En 2015 se contabilizaron 137 asesinatos de indios en todo el territorio brasileño y desde 2003 se acumulan 891 homicidios entre los pueblos originarios.

Según el recuento del CIMI, en 2015 se produjo una decena de ataques de pistoleros fuertemente armados contra comunidades guaraníes kaiowás, que les disputan la tenencia de la tierra a los hacendados.

En algunos casos, como en el poblado Pyellito Kue, los campamentos indígenas fueron totalmente destruidos y diez indios resultaron heridos a bala, entre ellos una mujer embarazada y un chamán.

Los ataques de los pistoleros, en algunos casos, conllevan torturas a los jefes tribales y violaciones de las mujeres, como una forma de presión y de amedrentar a la población, según el informe.

Este tipo de agresiones ha supuesto un aumento de los suicidios en la zona, donde hubo 47 casos, más de la mitad de los 87 casos registrados entre indios de todo el país.

Según el informe, en Mato Grosso do Sul numerosas comunidades viven a orillas de las carreteras en condiciones "inhumanas", a la espera de que el Estado concluya los lentos trámites de protección de las tierras que los indios reclaman como propias y donde están asentados los agricultores.

Estos trámites se alargan, según el grupo indigenista, muchas veces porque el poder judicial ha dado prioridad a la defensa de la propiedad "no siempre legal ni siempre legítima" en detrimento de los derechos originarios de los indígenas.

Según los indios, un gran número de agricultores arrebataron las tierras a sus antepasados a mediados del siglo XX, en muchos casos con la connivencia de las autoridades y falsificaron los títulos de propiedad.

El año pasado la ahora ex presidenta Dilma Rousseff firmó siete decretos de concesión de tierras a los indios, mientras que están pendientes de regularización otros 654 territorios considerados sagrados por los indígenas, algunos de los cuales, desde hace décadas.

El año pasado también se registró un fuerte aumento de intentos de asesinato y amenazas en Maranhão, en el límite oriental de la selva amazónica, lo que, según el CIMI, está vinculado a la explotación maderera ilegal en tierras indígenas.

Los madereros llegaron a incendiar 200.000 hectáreas en los bosques dentro de las reservas indígenas para amedrentar a las comunidades y evitar que se opusieran a su actividad de tala ilegal.

Lo más grave, según el informe, es que el gobierno brasileño "se omitió" en relación a estas agresiones o "tardó mucho" en reaccionar.

El CIMI también responsabiliza a la omisión del poder público por no brindar asistencia médica o condiciones de saneamiento básico a muchas aldeas indígenas de la Amazonía, lo que ha derivado en la muerte de 599 niños menores de cinco años el año pasado, gran parte de ellos a causa de enfermedades curables como neumonía, diarrea y gastroenteritis.

Fuente: Brasilia, 16 (EFE).-