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Jueves 08 de septiembre de 2016

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Jueves 08 de septiembre de 2016
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EDITORIAL
Medio ambiente asunto comunitario
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Picadas
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BUSCANDO LA VERDAD
¿Por qué cayó Dilma Rousseff?
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SURAZO
Injusticia manifiesta
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Antes de la muerte de Illanes
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Execrable trato a la mujer
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El "masismo" arrastra una estela de muerte
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Editorial y opiniones

SURAZO

Injusticia manifiesta

08 sep 2016

Juan José Toro Montoya

En un mundo ideal, la justicia debería ser administrada por jueces honestos y probos que, actuando sin presiones, apliquen la ley no solo como letra muerta sino como instrumento para mejorar la sociedad. En la antípoda de ese idealismo están los jueces politizados, aquellos que dependen del poder y le sirven aún a costa de la justicia.

Pero hay jueces todavía peores, los políticos; es decir, aquellos que, sin ser abogados ni parte del Poder Judicial, tienen el poder de impartir justicia. Estos últimos fueron los que juzgaron y, finalmente, destituyeron a la ahora ex presidenta del Brasil, Dilma Rousseff.

El proceso al que fue sometido no era judicial sino enteramente político. Se llama "impeachment", se origina en el derecho anglosajón y no tiene traducción al español. Sus equivalencias son impugnación, impedimento, acusación pública, moción de censura y juicio político. Por su carácter político, los juzgadores no son jueces sino diputados y senadores. No existe ninguna garantía de que por lo menos una buena parte de esas dos cámaras esté integrada por abogados.

Un tribunal de esas características fue el que decidió la destitución de Rousseff. Curiosamente, la ex presidenta no fue procesada por corrupción, ni siquiera por algún otro delito grave en el ejercicio de sus funciones, sino por haber "maquillado" el déficit presupuestal para mostrar que la situación económica del Brasil no era tan grave.

Pero esos no son los únicos detalles que demuestran que esa destitución es un acto de injusticia manifiesta. Además de que Dilma no fue juzgada por jueces; es decir, técnicos en la administración de justicia, resulta que fue literalmente procesada por reos; o sea, por demandados en juicios. La Cámara de Diputados tiene 513 integrantes y, según la organización no gubernamental A Transparência Brasil, un total de 303, que representan el 59,06 por ciento, tienen procesos o condenas judiciales. La Cámara de Senadores, que fue la juzgadora técnica, tiene 81 miembros y 49 de ellos (el 60,49 por ciento) son procesados por delitos mucho más graves que los que fueron imputados a Rousseff.

Debido a que es ajeno a su naturaleza, un tribunal político no emite sentencias jurídicas sino políticas. Si el juicio a Dilma Rousseff hubiese sido técnicamente justo, no debió aplicársele la sanción máxima que es la destitución. Pero el juicio fue político, con un propósito ajeno a la justicia, así que se la sentenció como si hubiera cometido un delito muy grave. Para la historia, el verdadero crimen fue su sentencia.

(*) Es Premio Nacional en Historia del Periodismo

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