Hija denuncia a su progenitor por trata de personas

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Durante 10 años, Nohemy Cámara fungió como contadora del bar Katanas, propiedad de su padre, Marco Cámara, a quién acusa hoy (ayer) de trata de personas y explotación sexual de quienes trabajan en el bar. El sitio, de tipo exclusivo, ofrece shows eróticos y está ubicado cerca de la plaza Isabel la Católica en La Paz.

La joven relató que desde que tenía 15 años fue obligada a trabajar en el sitio bajo amenaza de alejarla de su madre y hermano. Por ese motivo decidió apoyar las actividades de su progenitor, pero a medida que pasaba el tiempo se dio cuenta de que ocurrían hechos "irregulares".

Aunque en un principio le resultó complicado investigar porque ella ingresaba a trabajar a las tres de la madrugada, cuando terminaba el show, con el transcurrir el tiempo se dio modos para entrevistarse con las mujeres que presuntamente eran captadas a la fuerza por su padre.

ANF intentó contactarse con el empresario para conocer su versión de los hechos, pero uno de sus administradores dijo que se encontraba de viaje en Panamá, donde permanecerá durante la semana. Aseguró que Cámara no estaba conectado a internet.

Ante la insistencia de este medio para entrevistarlo, uno de sus administradores aseguró que Nohemy tiene intereses económicos y que pretende apropiarse de la infraestructura de Katanas. En una llamada posterior, el celular estaba apagado.

Nohemy reconoció que desea "recuperar" el predio, que es, dijo, de su propiedad. Contó que compró el sitio a un banco en 2009, pero no dio mayores detalles de cómo obtuvo los recursos para hacerlo cuando ella tenía sólo 19 años (hoy tiene 26). Expresó que si recupera el sitio le dará otro uso.

"Me sorprenden esas declaraciones porque ese lugar es mi casa. Yo lo adquirí y cuando lo recupere lo vamos a demoler, no habrá más Katanas", contó. No se pudo contrastar esa versión con fuentes del bar.

Según explicó, la mayoría de las jóvenes que trabajan en ese local son de Paraguay, Brasil, Venezuela, Colombia y Cuba, internadas a Bolivia de forma ilegal; en algunos casos, expresó, les arrebatan sus pasaportes para obligarlas a prestar su servicio bajo amenaza de deportación.

Supuesto abuso sexual y laboral

Insistió en que las mujeres que trabajan en el club de su padre "son abusadas sexual y laboralmente" y que se les paga menos sueldo del que les prometen.

Según el relato de Nohemy, la mayoría de las jóvenes son captadas a través de las redes sociales y luego los "cómplices" de su padre viajan hasta esos países para traerlas a Bolivia, una vez que Cámara "las aprueba" tras ver fotografías que le mandan por email.

"Primero las llevan a Santa Cruz a un departamento y ahí las vejan toda una semana. Luego traen a unas al Katanas y otras se quedan en otro club de esa ciudad que también es propiedad de mi padre", sostuvo.

Una vez en La Paz son trasladadas a un domicilio supuestamente ubicado en Llojeta y ahí las mujeres son supuestamente vigiladas por una familiar de Marco Cámara. Llegada la noche son llevadas al bar, indicó. "Si no hacen bien su trabajo les cobran multas por todo y nada", dijo, y los administradores también las ofrecen como servicio de compañía de "personas influyentes", que luego, supuestamente, "protegen a su padre" y por eso "hasta la fecha no han desbaratado el lugar".

De acuerdo a la denunciante, cuando se realizan operativos de la Intendencia Municipal y Migración, los administradores de Katanas son alertados por un funcionario de esas entidades que los ponen sobre aviso, lo que es aprovechado por los empleados para poner todo en orden y evitar sanciones.

Dijo que cuando ello ocurre, los empleados "esconden a las chicas" en unas "paredes falsas que hay en todo el local".

Nohemy asegura que hasta 2015, año en que abandonó su trabajo y decidió denunciar los actos irregulares, trabajaban en el sitio unas 120 mujeres, algunas de ellas menores de edad.

Después de abandonar el trabajo, la joven decidió denunciar el caso ante el Ministerio de Gobierno en octubre de 2015, pero no obtuvo una respuesta favorable, por lo que acudió después a la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y que esa investigación tampoco avanza.

"Son más de ocho meses que estoy buscando ayuda y las autoridades no me han dado respuesta. No hay imputación lo que temo es que mi padre junto a sus cómplices huyan del país porque recién han salido las órdenes para que mi padre y sus cómplices vayan a declarar", indicó.

Fuente: La Paz, 6 (ANF)