Sábado 03 de septiembre de 2016
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Parafraseando una sentencia de la Ley contra el racismo y la discriminación, que se ha hecho obligatoria en todos los locales públicos: "Todos somos iguales ante la Ley", hoy la tomamos como un referente para el desarrollo de este artículo, después de los luctuosos acontecimientos sucedidos en los recientes enfrentamientos entre fuerzas policiales y cooperativistas mineros.
Jamás habríamos imaginado que la escalada de violencia en este conflicto derive en el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y la muerte de cuatro mineros por disparos presuntamente de policías, y un significativo número de heridos y detenidos, como resultado de los enfrentamientos acaecidos en las zonas aledañas a la carretera que une Cochabamba con La Paz.
Lo inexplicable de este drama es que no se haya podido instalar el diálogo en las casi tres semanas que duró la crisis, utilizando la misma táctica que se usó con los discapacitados o con los potosinos, en interminables jornadas de ablandamiento. Esta vez no sólo se desatendió la determinación de los otrora aliados y socios que, con diferencia a los demás sectores, poseen el uso admitido de la dinamita "como parte de su cultura" y el extenso altiplano como teatro de operaciones, sino que se expuso inútilmente la vida de un viceministro a sabiendas que los sublevados, encolerizados por la muerte de sus compañeros, eran capaces de ese crimen y de otros mucho mayores. Además, con el antecedente del día 11 de agosto, cuando la Policía detuvo a 113 mineros y los manifestantes tomaron a 46 agentes como rehenes, la Fiscalía instruyó la liberación de los detenidos y los cooperativistas liberaron a los prisioneros, solucionando ese primer impasse.
