En el mundo, hay más de 44.000 casos sin esclarecer de personas arrestadas, detenidas o privadas de libertad a manos de agentes del Estado o de personas o grupos que actúan con su autorización, apoyo o complicidad. De 2015 a 2016 se han registrado 766 nuevos casos en 37 paÃses.
Centenares de miles de personas se despiertan todos los dÃas sin conocer el paradero de uno de sus seres queridos; si vive o ha muerto, si lo están torturando en ese momento, si algún dÃa volverá a su casa, de la que un dÃa salió sin sospechar que borrarÃan todo rastro de su existencia y que lo convertirÃan en una no persona, en un ser invisible.
Esa persona tiene hijos, unos padres, hermanos, abuelos, tÃos, familiares y amigos que no pueden oÃr el grito de la ausencia.
Desde su creación en 1981, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias ha conocido más de 55.000 casos, cifra que Naciones Unidas considera muy por debajo de la realidad, lo que plantea el primer gran obstáculo en la lucha contra las desapariciones forzadas. Las amenazas y el hostigamiento de las autoridades, la ineficacia de los sistemas judiciales, la corrupción y la impunidad se suman al analfabetismo y la falta de conocimientos de los familiares y conocidos de las vÃctimas sobre las posibilidades jurÃdicas para disuadirlos de denunciar.
Por otro lado, el miedo que provocan estas desapariciones en la población es causa de la migración de grupos humanos. Esto da pie a abusos por parte de mafias que trafican con personas, a muertes como las de miles de personas como las que los medios nos muestran en el Mediterráneo y en otros mares y espacios por donde transitan miles de personas.
Al Grupo de Trabajo empieza a preocuparle el creciente número de desapariciones en manos de fuerzas no-estatales, lo que dificulta su investigación y la toma de medidas en un plano internacional. En muchos paÃses se borra cada vez más la lÃnea que separa a las fuerzas del orden del crimen organizado, con un poder tan grande que cobra cada vez mayor fuerza para corromper en entornos de impunidad y de violencia.
La protección de oleoductos, minas y de los distintos yacimientos, empujados por una fiebre planetaria por determinadas materias primas, cae cada vez más en manos de empresas de seguridad subcontratadas.
Esto pone grandes obstáculos a la hora de exigir justicia por posibles abusos.
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