Quiebre de la institucionalidad y privilegios de cooperativas mineras

El luctuoso hecho ocurrido en Panduro el jueves 25 de agosto donde el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, perdió la vida en manos de sus captores, pone al descubierto los privilegios que tienen las cooperativas mineras, con grandes beneficios por el reducido pago de regalías, la no exigencia de la ficha ambiental de operaciones y hasta el derecho de estar al margen de la aplicación de la Ley General del Trabajo.

Esos privilegios son grandes beneficios como manifiestan demás sectores de la población boliviana que tienen que cumplir con el pago de impuestos y en el caso de los mineros privados con el pago de las regalías y todos, absolutamente todos, respetar y aplicar lo que rige en materia laboral, como también confirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en entrevistas en el canal estatal y otros medios de información.

La muerte del viceministro Illanes, quien fue interceptado por un grupo de cooperativistas mineros y "secuestrado" para exigir la liberación de cooperativistas aprehendidos por bloquear principales vías de circulación que estaban bajo jurisdicción del Poder Judicial, pone al descubierto la debilidad del Gobierno que no tiene un plan de contingencia para la resolución de conflictos sociales y por lo general, espera hasta lo último para buscar "una salida" a la crisis que bien se puede enfrentar haciendo respetar el principio de autoridad que rige en todos los países del mundo.

Esa actitud dilatoria o espera infructuosa, siempre pondrá en riesgo a los funcionarios de Gobierno, más todavía si permiten que sea sólo la autoridad acompañada de su chófer y su edecán, los que busquen llegar a la zona de conflicto sin más resguardo ni protección, como confirmó la autoridad de Gobierno, lo que pone en evidencia que no se tiene una estrategia que por lo general requiere contar con un grupo de avanzada, otros dos de resguardo y protección para evitar lo ocurrido en Panduro y poder evacuar a tiempo al mediador o negociador que en este caso era el Viceministro de Gobierno.

De nada sirve llorar sobre la leche derramada -como dice un adagio popular- sino se tomaron las precauciones y adoptaron las previsiones necesarias para garantizar la seguridad, la vida y hasta el resultado de una buena negociación por parte del portavoz de Gobierno, que era Rodolfo Illanes, víctima de los cooperativistas mineros y de la ausencia de una política de prevención de conflictos y la falta de manejo adecuado de alerta temprana de las autoridades, quienes ahora se desgañitan en explicar lo que planearon y como manejaron el conflicto los dirigentes y socios de las cooperativas mineras, cuando bien podían actuar para evitar que eso suceda y dar a conocer toda la información que ahora manejan para purgar la actuación cruel de los captores del viceministro.

Empero no sólo la administración del Presidente Evo Morales, carece de una política de resolución de conflictos, sino también de una política minero-metalúrgica, donde se tenga definida la participación de cada uno de los sectores productivos como son los mineros chicos, la minería mediana y la cooperativizada, en similares condiciones, las mismas ventajas e incentivos, que permitan aplicar de forma irrestricta el principio de autoridad, para evitar los avasallamientos, el despojo de los yacimientos o concesiones asignadas y sobre todo el pleno y total respeto a las operaciones productivas con seguridad jurídica, factor determinante para tener una gran minería y potenciar su desarrollo en función de las necesidades económicas y sociales del país.

El Estado protector para determinados sectores, como los cooperativistas mineros que representan el 20% del potencial electoral nacional, o los productores campesinos de la hoja de coca, de donde es dirigente el primer mandatario del país; así como los comerciantes informales más conocidos como "contrabandistas", no pueden existir si se propugna la sana convivencia ciudadana donde prime la paz social y un desarrollo con crecimiento económico sostenido y sustentable.

Permitir que continúen existiendo estos grupos privilegiados mientras la mayoría de los bolivianos estamos obligados a tributar de un magro salario, de sostener la economía estatal con el pago de impuestos y se utilicen los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables para sostener una pesada burocracia estatal, no es pensar en el país y más bien se está desangrando a esta nación que pretenden mostrarse como ejemplo de una correcta y buena administración. Ojalá las política de Estado se implementen para no tener que lamentar otros hechos como el ocurrido en Panduro y también se esclarezca la muerte del viceministro Illanes, así como de los cooperativistas muertos en los bloqueos, sancionando a los responsables del horrendo crimen y las otras muertes; otorgando además un trato justo, equitativo y transparente a todos los estamentos de la sociedad boliviana.

(*) Periodista