Romero denunció que este sector llega al extremo de "pretender privatizar la minerÃa cooperativa para favorecer a empresas transnacionales", en las mismas condiciones y con los mismos derechos y beneficios que tienen, lo que resulta ser una acción inconstitucional que rompe la estructura del Estado y atenta contra la Constitución PolÃtica del Estado que en su artÃculo 311, numeral II, inciso 2, establece que: "los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado".
La muerte del viceministro Illanes, quien fue interceptado por un grupo de cooperativistas mineros y "secuestrado" para exigir la liberación de cooperativistas aprehendidos por bloquear principales vÃas de circulación que estaban bajo jurisdicción del Poder Judicial, pone al descubierto la debilidad del Gobierno que no tiene un plan de contingencia para la resolución de conflictos sociales y por lo general, espera hasta lo último para buscar "una salida" a la crisis que bien se puede enfrentar haciendo respetar el principio de autoridad que rige en todos los paÃses del mundo.
Esa actitud dilatoria o espera infructuosa, siempre pondrá en riesgo a los funcionarios de Gobierno, más todavÃa si permiten que sea sólo la autoridad acompañada de su chófer y su edecán, los que busquen llegar a la zona de conflicto sin más resguardo ni protección, como confirmó la autoridad de Gobierno, lo que pone en evidencia que no se tiene una estrategia que por lo general requiere contar con un grupo de avanzada, otros dos de resguardo y protección para evitar lo ocurrido en Panduro y poder evacuar a tiempo al mediador o negociador que en este caso era el Viceministro de Gobierno.
De nada sirve llorar sobre la leche derramada -como dice un adagio popular- sino se tomaron las precauciones y adoptaron las previsiones necesarias para garantizar la seguridad, la vida y hasta el resultado de una buena negociación por parte del portavoz de Gobierno, que era Rodolfo Illanes, vÃctima de los cooperativistas mineros y de la ausencia de una polÃtica de prevención de conflictos y la falta de manejo adecuado de alerta temprana de las autoridades, quienes ahora se desgañitan en explicar lo que planearon y como manejaron el conflicto los dirigentes y socios de las cooperativas mineras, cuando bien podÃan actuar para evitar que eso suceda y dar a conocer toda la información que ahora manejan para purgar la actuación cruel de los captores del viceministro.
El Estado protector para determinados sectores, como los cooperativistas mineros que representan el 20% del potencial electoral nacional, o los productores campesinos de la hoja de coca, de donde es dirigente el primer mandatario del paÃs; asà como los comerciantes informales más conocidos como "contrabandistas", no pueden existir si se propugna la sana convivencia ciudadana donde prime la paz social y un desarrollo con crecimiento económico sostenido y sustentable.
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