Impugnan resolución de libertad en favor de policía

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

Impugnan la decisión del juez anticorrupción y violencia hacia la mujer, Alan Zarate Hinojosa, que dejó sin efecto la detención preventiva de un policía acusado de violencia familiar contra una menor de edad.

Paola Barriga, abogada de la parte acusadora en el caso del policía Mirko Silva García, enviado a la cárcel por violencia familiar contra una menor de edad, anunció una demanda por prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley, contra la autoridad judicial.

Dijo que, de manera inexplicable, el juez Zarate, atendió el pedido de cesación de detención durante la audiencia incidental que tuvo lugar el pasado viernes.

"Una audiencia incidental no puede convertirse automáticamente en un acto para resolver la cesación de libertad", puntualizó.

El pasado 8 de junio, el oficial de policía propinó una golpiza a Karina D. P., en plena vía pública, ocasionándole lesiones que de acuerdo al dictamen forense le provocaron 12 días de impedimento.

El certificado emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) establece que la menor sufrió fracturas múltiples en el maxilar y la nariz debido a la contundencia de los golpes provocados con el arma de reglamento del oficial de Policía.

Por la gravedad de las lesiones la ley establece una pena de privación de libertad de 8 años. "Con el agravante de que la golpiza fue un intento de amedrentar a la víctima para obligarla a desistir de una denuncia de violación", explicó Barriga. La violación habría ocurrido en septiembre de 2015 y la denuncia presentada recién en diciembre de ese año.

El proceso por violencia familiar se sustenta en la ley 348 para Garantizar a la mujer una vida libre de violencia, porque "cuando ocurre la golpiza ellos tenían una relación sentimental. Después de la violación el policía enamora a la adolescente y se hace amigo de la familia".

No logra su objetivo porque cuando la madre constata que la menor fue infectada por una enfermedad venérea, lo denuncia y lo obliga a cubrir los gastos médicos.

La madre de la víctima, María Peñaranda, contó a ANF: "desde que se presentó la denuncia hemos sido hostigadas por la familia y las abogadas de Mirko y presionadas para firmar el desistimiento. Pagaron el tratamiento médico y psicológico de mi hija, que fue contagiada por una enfermedad venérea y ahora intentan mostrar que he recibido dinero por un supuesto chantaje".

La víctima, Karina D. P., acaba de cumplir 18 años, cursaba el último curso del bachillerato cuando decidió formar parte de un proceso de capacitación policial a cargo de Mirko Silva y fue entonces que según denunció, fue citada a un departamento del edificio Girasol. "Nos vamos a reunir en mi casa, también cité a tus compañeros", fue el mensaje que recibió Karina, pero cuando ingresó al departamento 13 del piso 7 lo último que recuerda fue que recibió un golpe en la cabeza. "Desperté con mis manos esposadas y atadas a la cama, totalmente desnuda", denunció.

Fuente: La Paz, 27 (ANF).-