Quienes estamos empeñados en cuidar la economía familiar sabemos cómo se critica ese accionar por aquellos grupos afines al gobierno, a quienes no les importa que la población siga sufriendo la constante elevación del costo de vida.
Precisamente son las amas de casa las que soportan esa situación porque les es muy difícil proveerse de productos alimenticios en los centros de abasto al inflarse los precios de verduras y otros tubérculos comestibles.
De un día para el otro, no hay dinero que les alcance para llevar a casa lo estrictamente necesario, porque las "caseritas" se valen de todo argumento para justificar el alza, advirtiendo que si no se les compra en el momento, al otro día el costo será mayor afectando al bolsillo de la abnegada esposa y madre.
El anuncio de paros y bloqueos son instancias propicias para subir los precios sin que haya autoridad que ponga coto a esa arbitrariedad, notándose, por el contrario, algo de condescendencia del funcionario al permitir que se atente contra la economía popular.
Muchas señoras indicaron que de nada sirve que el precio del pan haya vuelto a 0.40 centavos la unidad, si lo demás está inmerso en una vorágine de apreciable elevación de costos, algo que notoriamente afecta a la gente de bajos ingresos económicos.
Pero no sólo en los mercados se puede advertir ese desmesurado trato, sino también en otros de servicio al pueblo como es el caso del transporte motorizado citadino, donde los conductores de taxis ya aplican el sistema del taxímetro en función del tiempo invertido y de la distancia recorrida.
Vale decir que un pasajero que ocupa ese medio de locomoción para llegar a la plaza 10 de Febrero paga 7 bolivianos y si va hasta el Santuario de la Virgen del Socavón son 10 bolivianos, lo que significa una imposición del conductor aprovechando que el usuario no tenga moneda fraccionada, caso que ocurre especialmente con las personas de la tercera edad.
Igualmente, hacer un recorrido que signifique ir más allá del centro de la ciudad, representa incrementar en el pasaje de 12 a 15 bolivianos por persona, algo que no está contemplado en el cuadro tarifario vehicular.
Lo extraño del caso es que instituciones como el Comité Cívico, Central Obrera y Federación de Juntas Vecinales guardan silencio sobre estas irregularidades, demostrando que no existe posibilidad alguna de intervenir para evitar que continúen estos excesos contrarios a lo razonable o lícito.
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