Aumento salarial “sin inflación” ni producción

El recién confirmado aumento salarial del 5% al salario básico de los trabajadores bolivianos, incluidos los sectores del magisterio, salud, policía y la administración pública, es resultado de la ausencia de una política clara para impulsar la matriz productiva del país. La actual Administración del Estado Plurinacional no tiene definida una estrategia para incentivar nuevos emprendimientos para generar empleos y lo que hace, es cuidarse al otorgar un “incremento salarial sin inflación” ni producción.

Esto demuestra que el gobierno reduce los salarios por temor a la inflación puesto que en el país no existen políticas nacionales destinadas a incentivar en las empresas el desarrollo productivo ni tampoco generar empleo. A ello se suma la ausencia de seguridad jurídica, la carencia de inversiones y la inestabilidad laboral, porque el sólo anuncio de la vigencia de un nuevo Código Laboral puso en alerta a los inversores que primero quieren conocer las reglas laborales antes de llevar a cabo cualquier proyecto.

El único sector que genera fuentes de empleo para los allegados del partido de gobierno es la Administración Pública donde fueron desplazados los profesionales que cumplían tareas técnicas y ahora están esperanzados en incubar una empresa, propósito que sin embargo, es postergado indefinidamente por la ausencia de una política nacional que otorgue apoyo decidido a la micro y pequeña empresa.

A esto se suma la paralización de actividades de importantes sectores, tal el caso de la minería chica que genera importante número de fuentes de trabajo en las comunidades donde desarrollan sus operaciones, ahora suspendidas ante la ausencia de seguridad jurídica y falta de garantías para los concesionarios de los yacimientos mineros, que además son los principales generadores de divisas, para el erario nacional, por la exportación de sus concentrados.

La reactivación del aparato productivo nacional es la mayor preocupación de los bolivianos, porque el actual sistema de gobierno que aplica la redistribución de los ingresos a sectores de menores ingresos, con el pago de bonos para crear demanda, consumo y dinamizar la economía, no permite contar con un salario que supone a la larga seguridad y estabilidad laboral, a partir de un empleo seguro que hasta ahora solamente el sector privado puede otorgar.

La tercerización de la economía tampoco es una solución, porque eso genera desocupación y solamente reducido número de fuentes de trabajo temporales, sin seguridad social, sin salud y sin beneficios sociales que a la larga sirven para garantizar una vejez al menos llevadera para quienes entregan su fuerza laboral a cambio de un salario en un empleo permanente.

El último incremento del 5% al salario básico, es un aumento porcentual reducido, porque tampoco se aplica un costo real de la canasta básica que siempre estuvo vigente para tener un salario básico nacional, resultado de un estudio para garantizar la manutención de una familia tipo de cinco miembros, vale decir los padres y tres hijos.

El cálculo que realizan algunos funcionarios del Estado Plurinacional, sumando los bonos que se pagan, como el Bono Dignidad, Bono Juancito Pinto y Bono de Salud, lamentablemente no llegan a todos los bolivianos que contribuyen en buen número con el pago de sus impuestos, quienes incluso ven reducidos sus salarios por el gravamen de los tributos que afecta en un 13%.

Esos bonos se cancelan a las personas de la tercera edad y la mayoría de la población boliviana es joven, asimismo no todos tienen hijos en edad escolar para recibir el bono educativo y si tienen niños y adolecentes que acuden a las escuelas y colegios privados, son excluidos por el gobierno de este beneficio porque sus padres prefieren brindarles una mejor educación. Así también los servicios de salud o el pago de bono a las madres gestantes y los recién nacidos no incluye a todos los trabajadores que por lo general con el alza del costo de vida ven disminuidos sus salarios.

Si se suma a esto el cálculo aritmético que realizó el Ministro de Educación para demostrar que “un maestro esta muy bien pagado”, porque trabaja 72 horas semana de las cuales 60 está aula y las otras 12 corrigiendo exámenes, por lo que podría tener otra ocupación, lo cierto es que no existen fuentes de trabajo, por la reducción del número de empresa que se ven obligadas a cerrar sus puertas ante la ausencia de un incentivo de gobierno a la productividad.

El número de desocupados va en aumento y ellos esperan, por lo menos en el caso de Oruro que les contraten para el proyecto del Mutún, que genera una larga y tediosa espera, mientras los gastos suben y se multiplican para mantener a sus familias, llegando incluso a la disgregación familiar, porque el jefe de familia debe ir en busca de empleo a otras regiones, con las consecuencias que ello supone o en definitiva trabajar el padre y la madre, junto a sus hijos, hecho que les obliga a los menores a abandonar su formación escolar.

La única fórmula para otorgar “un incremento salarial sin inflación” es la productividad, medida que tiene que aplicar la Administración del Estado Plurinacional, si no quiere que los movimientos sociales generen protestas y movilizaciones. El pretender justificar un “aumento racional”, es una muestra de una política incompleta para mejorar la calidad de vida de los bolivianos y sólo conseguir un trato discriminatorio para quienes entregan su fuerza laboral e intelectual y esperan a cambio tener un salario digno.

(*) Periodista