Conflicto en minería cooperativizada

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Un asunto que comenzó con el planteamiento de eliminar en una nueva normativa, un artículo referente a la sindicalización de los trabajadores en cooperativas, rechazado por los empresarios mineros del sector, abrió un conflicto que generó una serie de hechos, con el saldo de contusos entre mineros y policías, rehenes de por medio, cuando se trató de despejar las vías bloqueadas por los mineros.

Se habló de una desmedida violencia por parte de los cooperativistas mineros, que según alguna autoridad ejercieron "venganza" contra los guardianes del orden, que sólo utilizando agentes químicos, escudos y toletes, no pudieron controlar a mineros armados con cachorros de dinamita y alguien denunció, inclusive con fusiles, según se dijo.

Después de enfrentamientos, arrestos, internación de heridos, rápidos procesos y reuniones preliminares de partes, se levantaron las medidas de presión y se establecieron condiciones para dialogar y atender en la medida de lo racional, un pliego petitorio de los mineros cooperativistas que se multiplicó con relación al primer planteamiento circunscrito al tema de sindicalización en cooperativas.

Al margen de lo que pueda acontecer una vez que dialoguen las partes, es decir cooperativistas mineros y autoridades de gobierno, el desenlace final debe lograr apaciguar ánimos y disminuir la tensión de modo que se atiendan ciertas necesidades de los mineros asociados, pero dentro las condiciones establecidas por la CPE, las leyes vigentes y equilibrando las responsabilidades, tratándose de actividades mineras, en los subsectores reconocidos por el Estado.

El problema que merece análisis especial, es la condición en que se desenvuelve el sector minero de los llamados "empresarios informales" o calificados también como "cuentapropistas" en materia de la explotación de nuestros recursos mineros, generalmente sin adecuada planificación, sin asistencia técnica apropiada, con una organización de trabajo "sin fines de lucro" pero al mismo tiempo sólo con parcial cumplimiento de la verdadera doctrina cooperativista que define responsabilidades entre socios, para acceder a iguales beneficios. Se ha establecido que en muchas cooperativas hay trabajadores asalariados y esos tienen todo el derecho de sindicalización, un aspecto que siendo parte del conflicto actual, debe solucionarse por el lado del respeto a las normas laborales.

Las cooperativas mineras son el resultado de la organización forzada de grupos de ex mineros en asociaciones colectivas que pudieron ser empresas y que se convirtieron en cooperativas, para aprovechar, algunas alternativas, especialmente de orden tributario, que favorece al sistema, pero no las excluye plenamente de las responsabilidades de aportar con sentido equitativo, si se explotan recursos naturales, que son de todos os bolivianos y por lo mismo se obliga a reconocer como efecto de ese hecho una retribución apropiada al Estado.

Según los propios cooperativistas se reconoce que ha existido un retroceso en las tareas de prospección y exploración de nuevos yacimientos, los asociados solidarios, explotan yacimientos de forma rudimentaria, lo que les impide alcanzar objetivos de mayor rentabilidad en la actividad minera. En algunos casos estos trabajadores han logrado asistencia de Comibol, se les transfirió equipos, maquinaria pesada y herramientas, bajo condiciones crediticias de largo plazo y bajos intereses, permitiendo algunos avances productivos, pero creando algunas deudas que no han sido pagadas en tiempo y condiciones abordadas,

Al respecto, no se dispuso igual tratamiento, por ejemplo a la minería chica, su condición de subsector privado ha hecho que se mantenga al margen de los beneficios otorgados desde el Gobierno para cooperativas o el sector estatal, pero sin favorecer a la pequeña minería que mantiene buenos índices de producción, genera buena cantidad de empleos y paga todos los impuestos de ley, pero está al margen de la ayuda que debía ser más amplia en función del uso de los fondos que dispone el Estado para impulsar la minería en general.

Las autoridades de gobierno han sido muy claras al señalar que no se admitirá a las cooperativas suscribir contratos de asociación con firmas privadas sean nacionales o extranjeras, la Ley Minera prohíbe tal situación, por lo tanto el pedido del sector cooperativo es inconstitucional porque sólo el Estado puede suscribir contratos con privados.

En el pliego de los cooperativistas, se incluye un pedido para que esas organizaciones puedan ser eximidas o se flexibilicen las medidas de respeto a la Ley de Medio Ambiente. Las cooperativas están obligadas a cumplir la ley.

Piden también la consolidación de las áreas de Colquiri y de la cooperativa 26 de febrero, situación que generaría la reacción de los mineros asalariados del centro productivo más dinámico del sector estatal. Hay otros planteamientos a los que se comprometió responder al gobierno a través del ministerio de área y también de la Comibol, para dejar aclaradas las posiciones que recientemente mostraron una serie de preferencias de las que se beneficia el sector cooperativo minero.

Las posiciones son contundentes en los dos sectores, se esperaba una declinación en los planteamientos de los cuentapropistas, mientras que en el sector oficial se mantenía la posición de dialogar pero sin presiones, aunque la situación de los mineros detenidos se trataría en instancias de la justicia.

Una situación de verdadera incertidumbre fue expuesta, aunque no oficializada, con una advertencia de "ocupar las minas estatales", aspecto que conlleva un grave peligro, porque desataría un grave conflicto entre trabajadores mineros, los cooperativistas y los asalariados, situación que nadie quiere por las graves connotaciones que implica un enfrentamiento.

Se espera que mediante el diálogo se alcance un entendimiento que cambie el panorama, que abra posibilidades de arreglo, para que las actividades de un sector productivo minero se desarrollen en un marco de legalidad y equidad. Un ex dirigente minero y ex ejecutivo de la COB, replanteó una propuesta formulada tiempo atrás, señalando que la solución al problema podría darse con modificaciones en la Ley Minera y algunas otras sobre la materia, para facilitar la conformación de "empresas cooperativas" que no son lo mismo que simples asociaciones temporales como las que están vigentes, ese cambio permitiría encuadrar a las leyes a las empresas mineras, que mantendrían su carácter solidario, pero ajustarían su administración a las disposiciones vigentes, tanto tributarias, como las de orden socio - laboral.

Hay varias alternativas para solucionar este complejo problema, la esperanza es que se llegue a un acuerdo de partes sin alterar la convivencia pacífica.

Medios. PM.