Pacto Fiscal o contrato social

Mientras los municipios establecen límite para concluir el debate sobre el Pacto Fiscal, señalando el próximo año 2017, aunque sin especificar el mes, lo que llama a muchas dudas, el Gobierno dejó al Consejo Nacional de Autonomías (CNA) la definición en el tratamiento del delicado tema, condicionando de algún modo el hecho a la voluntad de los interesados, no sin antes establecer consensos, eliminando condiciones de presión y estableciendo las mejores condiciones para un debate abierto y efectivo.

Para el ministro de autonomías, la definición del tema no depende exclusivamente de la instancia oficial, al contrario dependerá de la responsabilidad con que se maneje el debate y se logren consensos, porque, dijo el ministro es necesario "escucharnos", evitando imposiciones, rescatar las ideas que contribuyan al establecimiento de un verdadero pacto o contrato social.

La preocupación de las autoridades superiores, las del Ministerio de Autonomías, el caso de la Asociación de Municipalidades (AMB) y la representación de las gobernaciones, consideran imperativo que las organizaciones territoriales vayan perfeccionando sus procesos de descentralización y autonomía con la aprobación y vigencia de sus estatutos y cartas orgánicas que se constituirán en instrumentos normativos que serán base y sustento del futuro pacto fiscal.

En todos los casos la mayor preocupación de los subgobiernos nacionales es la asignación presupuestaria que ha descendido ostensiblemente y deben encontrarse sistemas, programas, estrategias especiales para enfrentar ese reto de tener menos recursos, pero salvar las contingencias que demandan las comunidades de las ciudades y las provincias.

Hay muchas ideas que "flotan en un ambiente de inquietud" debido al futuro que se vislumbra con una economía que será más restringida en la próxima gestión, lo que obliga a definir estrategias que permitan a municipios y gobernaciones encarar la generación de sus propios recursos, como una propuesta del Vicepresidente del país, que fue respondida por la AMB, sugiriendo la creación de un Fondo de Asistencia Financiera con una fuerte inyección financiera por parte del Ejecutivo, lo que permitiría crear algunas empresas productivas.

El Ejecutivo plantea "socializar" con la comunidad un pacto fiscal a través de la concertación, creando recursos para distribuirlos correctamente, pues se trata del manejo de recursos públicos, el dinero del pueblo que debe servir para crear favorables condiciones de vida, especialmente en los rubros, de salud, educación, saneamiento básico y en general una vida con dignidad.

Actualmente al hablar del pacto fiscal, se asocia el hecho a la posibilidad de concretar un contrato social entre los actores socioculturales, económicos y políticos, que definan, debates de por medio, las bases para el desarrollo sustentable a largo plazo del país, disminuyendo la pobreza, equilibrando la asignación de recursos, anulando la inequidad y permitiendo que la riqueza del país llegue donde corresponde con el mayor sentido participativo, y en función de las decisiones autonómicas de cada región. El pacto fiscal debe marchar con responsabilidad y acierto de sus protagonistas.

Fuente: LA PATRIA