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Irracionalidad e irresponsabilidad - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
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Jueves 18 de agosto de 2016

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Jueves 18 de agosto de 2016
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Editorial y opiniones

SURAZO

Irracionalidad e irresponsabilidad

18 ago 2016

Juan José Toro Montoya

El día de San Roque recién pasado reflotó el debate sobre el trato que se debe dar a los perros y el efecto que estos tienen en nuestras sociedades.

Lamentablemente para los animales domésticos, la polémica generada por un artículo de Raúl Peñaranda demostró que entre sus defensores existe tanta irracionalidad como deseos de darles un buen trato.

Peñaranda señaló los inconvenientes que causan los perros cuando no son bien cuidados y sufrió una andanada impresionante de ataques en las redes sociales. Tal vez su error fue no recordar que la Ley 700, que es "para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato", no sólo establece derechos para los animales domésticos sino las obligaciones que tienen sus dueños o encargados. Sus obligaciones son "asumir la responsabilidad emergente de la custodia y tenencia de un animal y de los daños a terceros que el animal pudiera ocasionar", "controlar su ciclo reproductivo y darle cuidado médico veterinario profesional, adecuado y oportuno", "velar por su alimentación y abrigo necesario" y "no abandonarlos". Como se puede leer, si se cumpliera lo que dice la ley no tendríamos animales vagando en las calles y se eliminarían todos los riesgos que representan.

Entonces, el problema de fondo con los perros, y otros animales domésticos, es que sus dueños o encargados no asumen su responsabilidad con ellos y, debido a su negligencia, se pone en peligro a la sociedad. Los culpables son ellos, no los animales que, al final de cuentas, resultan ser inocentes de sus actos.

La Ley 700 necesita reglamentarse por las alcaldías según las realidades que se viven en sus jurisdicciones. Ninguna ha cumplido con esa responsabilidad.

Mientras, los famosos usos y costumbres han comenzado a colisionar con la ley de defensa de los animales. Hace unos días, un médico tradicional fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Cantumarca por haber degollado a un perrito en su afán de curar a una mujer cuya salud nadie puede restablecer. Lo acusan de biocidio, un delito que consiste en matar "con ensañamiento o motivos fútiles a un animal". El detalle es que, además de no encajar en el tipo penal, el curandero está amparado por la misma Ley 700 que incluye entre sus excepciones a "los actos ejercidos en la medicina tradicional". Y es que en esta, como en otras leyes promulgadas en los gobiernos de Evo Morales, no se tomó el cuidado de evitar conflictos con otras normas. Eso también es una irresponsabilidad.

(*) Es Premio Nacional en Historia del Periodismo

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