Continúa el centralismo

Estos últimos años se ha aprobado la ley de autonomías regionales, de las gobernaciones, y municipales, que es parte de la descentralización administrativa, política y económica, para elevar el desarrollo productivo de los departamentos y la mayor participación democrática.

Desde la fundación de la República, el Estado boliviano fue gobernado con mentalidad centralista, todos los temas sociales como la parte administrativa, política y económica, estaba y está al mando del gobierno central, concentrado en la ciudad de La Paz. Para todo trámite administrativo la población tenía que acudir a la sede de gobierno.

La huelga de hambre del gobernador Félix Patzi, del departamento de La Paz, sin resultados inmediatos, nos permite reflexionar sobre la distribución de recursos económicos del Estado, sobre la implementación de las autonomías en todos los departamentos, hasta ahora se han aprobado algunas normas, falta completar los estatutos, la reglamentación para su respectiva aplicación, discutir sobre el Pacto Fiscal, que mucha gente no está comprendiendo, debido a la falta de información.

En los gobiernos anteriores se ha observado, el sectarismo político, indicando que sólo la militancia tienen los derechos para conseguir fuentes de trabajo, asignando solamente a su militancia, sin importarles el resto de la población, sólo han priorizado a sus correligionarios, sectarizando demasiado, convirtiéndose en una fiebre de poder, una ambición desmedida de cargos para enriquecerse, no admitiendo la diversidad social y cultural del país, esa herencia todavía continúa en la actualidad.

El actual Gobierno continúa con el sectarismo partidario, con la amenaza de despedir a aquellas personas que no responden a esa línea política. Para que exista conflictos sociales, problemas, en gran medida tienen responsabilidad algunas autoridades de gobierno, que actúan con soberbia, con autoritarismo, amenazando de que si no apoyan el proceso de cambio, no serán tomados en cuenta para recibir más recursos, indirectamente excluyendo a los gobiernos departamentales, sin ninguna compasión, no aceptando las razones que exhiben, por mucho que sean justificadas..

Tenía que haber reducción de presupuestos a las gobernaciones, municipios, universidades debido a la baja cotización de los minerales, del petróleo de carácter internacional, muchas gobernaciones, municipios, no tienen posibilidades de incrementar el seis por ciento en cuanto a salarios de los funcionarios, debido a la falta de recursos económicos.

Las gobernaciones, los municipios, las universidades, siempre han estado mirando al gobierno central para tener recursos económicos, para proyectarse en diferentes actividades de acuerdo a las demandas de la población. Si se ha implementado los gobiernos regionales, se observa que se ha creado la burocracia representativa, nombrando asambleístas, mayor incremento salarial, sin proyectarse a la planificación productiva de las regiones, que continúan funcionando con recursos del Tesoro General de la Nación.

La ley de autonomías nos estaría llevando a la mayor democratización del poder político, a la distribución equitativa de los recursos del Estado, pero el gobierno todavía tiene mayor concentración de poder político y económico, competencias de las gobernaciones, municipios. Todavía en el gobierno central, está concentrando todo el poder, en algunos momentos parecería que fuera gobernación, municipio entregando obras departamentales, locales. Ya es hora de que los gobiernos regionales asuman su responsabilidad. El gobierno ya debe dejar de seguir monopolizando las atribuciones de los gobiernos regionales. Se hace una necesidad de discutir el pacto fiscal real, con la participación de las nueve gobernaciones y municipios del país, dejando atrás la tradición centralista.