La dimensión del pacto fiscal

Se trata de un aspecto de mucha importancia y que en el último tiempo ocupa la atención especial de autoridades subnacionales, también de políticos en las dos instancias, los oficialistas y los de oposición, considerando que es un asunto pendiente que sin embargo está en la agenda de quienes manejan la cosa pública y por lo mismo es parte de una lógica expectativa ciudadana.

El pacto fiscal como se lo muestra tendría que ser un acuerdo de consenso entre los diferentes niveles de los gobiernos autónomos establecidos en la nueva estructura del Estado, que aún no se aplica por falta de aprobación de los estatutos (autonomistas) en el caso de gobernaciones y la carencia de las cartas orgánicas en los municipios, dos documentos trascendentales en su preparación, consideración y aprobación conteniendo un conjunto de medidas que hacen posible la vigencia de la independencia de los gobiernos subnacionales en pos de neutralizar -si vale el término- la dependencia del poder estatal centralista.

Pero ojo, que el intercambio de sugerencias, ideas y opciones, no deben dirigirse a lo que para algunos sectores parece la finalidad del "pacto", saber cuánto nos tocará, exigiendo en cierta medida la libertad para gastar todos los recursos que se puedan en lo que se quiera. La cosa no es así de simple, por lo mismo el pacto fiscal debe ser resultado de múltiples y amplios debates para que el producto final sea un acuerdo generalizado que otorgue a todos, lo que en justicia les corresponda, pero en un marco de equidad, de respeto y reconocimiento a las inquietudes y necesidades de cada sector, después de salvar la atención directa a los grandes retos nacionales que tienen que ver con salud, educación, empleo, y la diversificación hacia el impulso de sectores productivos que sean prioritarios en cada región.

El pacto fiscal tiene que ser un acuerdo para lograr una redistribución equitativa de los recursos que distribuye el Estado para todos los bolivianos a través de las asignaciones a gobernaciones, municipios, universidades y otros cumpliendo lo que manda la CPE para que esos fondos sean correctamente utilizados en todo el país, sin que el centralismo gubernativo rompa el esquema, priorizando los gastos suntuarios que responden a objetivos más políticos que sociales. Lo importante es que se respeten las autonomías y se agiliten los proyectos de diversificación económica, para garantizar el desarrollo sostenible del país, con la visión de transformar nuestras materias primas en productos con valor agregado que satisfagan necesidades nacionales y que luego puedan ser exportados abriendo mercados seguros para la industria boliviana.

Recientemente el vicepresidente del país, a propósito del tema formuló un planteamiento abierto a las regiones del país para que muestren la proyección que tienen en función del uso de sus recursos naturales y la opción de consolidar empresas productivas que sostengan en adelante los presupuestos de los gobiernos subnacionales, en función de sus propias necesidades.

El pacto fiscal es un reto a la iniciativa regional, pero al mismo tiempo es parte de la responsabilidad administrativa del Gobierno en el buen uso de los fondos públicos que quiérase o no es dinero del pueblo y debe servir al pueblo, más allá del entusiasmo de hacer inversiones suntuarias y de poca utilidad social.

Fuente: LA PATRIA