Escenarios hipotéticos en la Bolivia del año 2030

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En 2030 es probable que se siga practicando la economía de libre mercado y propiedad privada, aunque poderosos movimientos sociales y numerosos intelectuales proclamen, de boca para afuera, la necesidad de una economía socialista planificada. La lucha contra el libre mercado ha sido casi siempre una modalidad de la lucha por el poder de parte de la izquierda dogmática. En Bolivia la mayoría de los intelectuales creyó durante largo tiempo que el problema del mercado era de índole técnica y que un buen conocimiento de la estructura de los anhelos colectivos lo haría superfluo mediante el mejoramiento de los métodos de planificación. La armonía total entre la producción de bienes de todo tipo y las necesidades del consumidor ha sido imaginada casi siempre con prescindencia del mercado, el cual fue visto como un factor egoísta de perturbación. En la realidad, sin embargo, es técnicamente imposible registrar, modificar y determinar la estructura de millones de productos, tanto desde el lado de la fabricación como desde la perspectiva del consumo. El resultado en los países de economía planificada no fue la ansiada y perfecta armonía entre producción y consumo, sino la concentración de los esfuerzos planificadores en ciertos rubros centrales, el desabastecimiento permanente en muchos terrenos y la aparición de mercados distorsionados y poco transparentes en el campo de los bienes para el consumidor inmediato, como es el caso actual de Cuba y Venezuela. En la dura realidad cotidiana el socialismo real fue un sistema que sólo conservó los aspectos negativos de la planificación. La opinión de que el mercado ha sido generado únicamente por la propiedad privada de los medios de producción y que sirve solamente a los fines egoístas del lucro es un parecer muy generalizado, pero no por eso más correcto.

El intento de eliminar todos los mecanismos del mercado por las fuerzas de izquierda tuvo en Bolivia mucho que ver con razones de poder y monopolización de decisiones, y no tanto con la pretendida superación de una fuente del egoísmo burgués. La centralización de proyectos, directivas y órdenes dificultó, por ejemplo, la generación de intercambios espontáneos entre los productores inmediatos, brindando simultáneamente nuevas oportunidades de poder decisorio a la burocracia estatal, que estaba en manos de esos intelectuales y universitarios de izquierda que dicen representar los intereses generales. Es por ello que estos grupos poseen un interés vital en eliminar todo mecanismo de mercado y en reemplazarlo por reglamentaciones que emanan de sus propios escritorios. Todo intento de delimitar las atribuciones del aparato estatal y descentralizar los sistemas decisorios en el campo económico es, al mismo tiempo, una cuestión eminentemente política: toda reducción de un poder sumamente centralizado (como ha sido el patrocinado por socialistas y comunistas) es percibida por la izquierda como un debilitamiento del régimen unipartidista y como el fomento de centros concurrentes de poderío social. La abolición de la propiedad privada y del mercado en el llamado bloque socialista hasta 1989 fue parte fundamental de un designio más amplio: de la lucha contra lo heterogéneo, individual y diferente, con el resultado de que el Estado quedó libre de toda instancia que significara un cues­tionamiento de su poder nivelizador.

En base a esos argumentos generales se puede avanzar la siguiente hipótesis. Dentro de una generación, Bolivia no será una sociedad primordialmente distinta de la actual. El impulso modernizante, que se percibe claramente a partir de 1985, ha tenido un fuerte carácter economicista y tecnicista. A comienzos del siglo XXI se creía equivocadamente que la esfera político-institucional había sido afectada favorablemente por la introducción de la democracia liberal y pluralista. La realidad nos muestra que los actores socio-políticos no han interiorizado efectiva y profundamente los valores de la civilización occidental moderna. En 2030 los partidos habrán alcanzado probablemente un funcionamiento bien aceitado y unas estructuras más o menos consolidadas, pero no habrán desplegado una genuina democracia interna, sino que habrán preservado las convenciones del caudillismo (tal vez a escala menor) y de la retórica vacua, las prácticas del prebendalismo y el clientelismo -como en grandes porciones de la administración pública-, la proverbial distancia entre los lineamientos programáticos y la praxis cotidiana, y como valores de orientación el cinismo de las jefaturas, el oportunismo de los cuadros intermedios y la ingenuidad de los simples seguidores. Las élites ya no acudirán a la violencia para dirimir sus diferencias, pero habrán establecido una no muy democrática rotación ordenada de las mismas como núcleo del sistema operativo gubernamental. El mero respeto a las reglas de juego puede socavar los contenidos de las políticas públicas y, sobre todo, contribuir a la evaporación de la idea del bien común, como lo propugnaron los postmodernistas en las últimas décadas del siglo XX bajo el aplauso de innumerables grupos empresariales e intelectuales En 2030 la mayoría de las decisiones políticas habrá adoptado la condición de lo transitorio e inestable que caracteriza las determinaciones aleatorias de los consumidores, por un lado, y de los compromisos casuales en negociaciones de partes contendientes, por otro. El quehacer político habrá perdido así todo vínculo con una verdad sustancial y se habrá reducido a la confrontación y solución momentáneas de intereses sectoriales cambiantes y pasajeros. La democracia se habrá transformado en un mecanismo para control y contrapeso mutuos de los poderes del Estado y para garantizar la rotación ordenada de las élites (lo cual no es poco si se considera la totalidad de la turbulenta historia boliviana), pero el precio a pagar por los éxitos de esta modernidad serán un sentimiento generalizado de desamparo ético, la falta de algo que dé sentido al conjunto de los esfuerzos y los sueños de la colectividad.

El ya mencionado sesgo tecnicista de la modernización boliviana se mostrará en un incremento de una tecnoburocracia difícilmente controlable según los parámetros de una comunidad imbuida de un espíritu humanista y crítico-democrático. En 2030 mejorarán marcadamente los sistemas de transportes y comunicaciones a lo largo y a lo ancho de la geografía boliviana; la ansiada apertura de todas las regiones tropicales y orientales habrá llegado a su fin. El nivel promedio de ingresos y educación denotará una innegable mejoría; el analfabetismo y la pobreza extrema se reducirán a niveles aceptables. Pero también se constatarán otros factores no tan promisorios. El bosque tropical será un mero recuerdo literario. La desertificación se habrá constituido, tardíamente, en uno de los temas recurrentes de discusión pública. El país dependerá masivamente de donaciones alimentarias provenientes del exterior. El uniformamiento de la vida cultural y cotidiana será total (para alegría de empresarios, burócratas y planificadores y para lamento de los poquísimos intelectuales críticos que serán mantenidos, como siempre, en una función ornamental y marginal).

En 2030 se percibirán, además, otras desventajas de la inclinación tecnicista del proceso modernizador. A partir de 1985 los gobiernos tuvieron el mayor de sus logros en la esfera de las relaciones públicas, con lo que, después de todo, reproducían una tendencia mundial. La modernización servirá también para rejuvenecer antiguas y bien ancladas convenciones. Intelectuales y militantes de izquierda, incluyendo sus sectores más radicalizados, habrán olvidado inmediata y completamente sus caprichos y pretensiones ideológicas cuando ingresan al gobierno de turno. Así como poco antes celebraban las virtudes del marxismo, la planificación y las estatizaciones, en 2030 se consagrarán a cantar con igual ingenuidad las bondades de la economía de libre mercado y del orden capitalista. La élite empresarial, que durante décadas se consagró a la consigna de empequeñecer el Estado y sus agencias, no logrará en 2030 sobrevivir sin la ayuda del mismo, el cual resultará indispensable para la ocupación central de esa élite: socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. En el siglo XXI las empresas en dificultades acudirán con igual confianza al Padre Estado, sabiendo que este les solucionará generosamente sus problemas a costa del contribuyente normal. En 2030 el país habrá progresado sin duda en el campo material, sin dejar de ser el mismo en el cultural. En todos los sectores sociales -y especialmente dentro de la llamada clase política- proseguirá la tradición de privilegiar la astucia (con todos sus componentes prácticos, incluidas las formas más refinadas del timo y el engaño) en detrimento de la inteligencia, lo que redundará en un bajo desarrollo del potencial innovador, en la prosecución de las actitudes orientadas hacia el corto plazo y en el declive del pensamiento crítico-analítico.

* Hugo Celso Felipe Mansilla. Doctor en Filosofía.

Académico de la Lengua.