Víctimas de matanza de islamistas en Egipto de 2013 buscan justicia exterior

Tres años después de la matanza más sangrienta en la historia reciente de Egipto, acontecida el 14 de agosto de 2013 en varias acampadas islamistas en El Cairo, la página judicial aún no se ha cerrado, por lo que algunas familias de los cientos de víctimas buscan justicia en el extranjero.

Según los cálculos de Human Rights Watch (HRW), al menos 817 personas murieron ese día cuando las fuerzas de seguridad egipcias desalojaron sangrientamente el campamento islamista de la plaza cairota de Rabaa al Adauiya.

Mientras, el Instituto de Medicina Forense rebaja esa cifra a 499 muertos en los desmantelamientos de las protestas de esa plaza y de la de Al Nahda.

"Fue un día negro en la historia de Egipto y, a pesar de que han pasado tres años, ningún policía ha sido juzgado", comenta a Efe el director de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, Gaser Abdelrazeq.

Más de un mes antes, el 3 de julio, el entonces presidente islamista, Mohamed Mursi, fue depuesto por un golpe militar que siguió a unas masivas protestas que pedían su marcha, después de haber sido elegido en las urnas un año antes.

El golpe fue liderado por el entonces ministro de Defensa y actual presidente del país, Abdelfatah al Sisi.

En esas plazas, miles de islamistas partidarios de Mursi pidieron la vuelta del presidente derrocado y allí se quedaron hasta el 14 de agosto, cuando las fuerzas de seguridad desmantelaron violentamente las protestas y causaron cientos de muertos.

"El Ministerio del Interior acusó entonces a los manifestantes de matarse entre ellos", dice a Efe por teléfono desde Londres el abogado de una treintena de las familias de las víctimas, Jalaf Baiumi, que asegura que la Fiscalía egipcia no ha hecho ningún caso a las denuncias presentadas.

Según el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que elaboró un informe en 2014 a petición del gobierno egipcio, las fuerzas de seguridad hicieron un "uso excesivo de la fuerza", pero los seguidores de Mursi dispararon primero, lanzaron piedras y cócteles molotov contra los agentes, que habían pedido a los manifestantes que desalojaran de forma pacífica.

Baiumi, que fue antes abogado de los Hermanos Musulmanes en la provincia de Alejandría (norte), cuenta que ahora las familias buscan justicia a través de otras vías.

"Intentamos denunciar a los responsables egipcios ante la justicia europea e internacional", señala el abogado, que destaca que está preparando informes de lo sucedido para presentarlos al Consejo de Seguridad de la ONU, después de descartar totalmente la idea de recurrir a los tribunales egipcios.

"La justicia egipcia está politizada", opina Baiumi, que agrega que el único proceso que llevan los tribunales egipcios al respecto "se basa en los informes del Ministerio del Interior, cuyos dirigentes y agentes llevaron a cabo la masacre".

En dicho proceso, conocido como "el caso del desalojo de Rabaa", están acusadas 739 personas, la mayoría de ellas islamistas y periodistas, por formar agrupación armada, asesinar a ciudadanos y policías, y resistirse a las autoridades.

Entre los acusados, destaca el fotoperiodista Mahmud Abu Zeid, alias Shawkan, detenido cuando estaba cubriendo el brutal desalojo y cuya liberación es exigida desde entonces por muchas ONG y organizaciones internacionales.

Además, también está procesado el dirigente del Partido Libertad y Justicia, brazo político de los Hermanos Musulmanes, Mohamed al Beltagui, que denunció a Al Sisi, a responsables del entonces gobierno y dirigentes de Interior de matar a su hija, Asmaa, que murió al recibir una bala en el pecho durante el desalojo.

Ahmed Abdelaziz también perdió su hija, la periodista Habiba, durante el desmantelamiento de la acampada en Rabaa al Adauiya.

Desde Turquía, donde muchos islamistas se refugiaron después del golpe militar, Abdelaziz dice a Efe por teléfono que el actual régimen "golpista" de Al Sisi "está fuera del margen de la ley y la Constitución", por lo que "¿cómo va a aplicar justicia?".

"Nuestro asunto es pura cuestión egipcia, las víctimas son egipcias y los criminales también, y la justicia será con el orden del pueblo egipcio a través de tribunales revolucionarios, después de derrocar al régimen golpista sangriento", opina Abdelaziz, que descarta recurrir a la justicia extranjera.

Para el director de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, en algún momento de un futuro cercano, la sociedad y el país tendrán que "reconocer la tragedia, compensar a las familias o asumir la responsabilidad". "Egipto tiene difícil alcanzar una situación política estable sin tratar esta tragedia", sentencia.

Fuente: El Cairo, 13 (EFE).-