Según las observaciones analíticas de lo que acontece en la asignación de los escaños para los asambleístas departamentales se determina que existe un marcado interés en el sector oficialista por controlar ese nuevo órgano de poder en el que se definirán las políticas para aplicar las autonomías, pero aquellas que están siendo orquestadas desde el Poder Ejecutivo y no las que quisieran en realidad los representantes de las comunidades nacionales, no afines al partido gobernante. Ahí está el asunto que obliga a extremar recursos para que los “grandes cambios” se apliquen sin chistar.
Ya se ha señalado que el control total de una Asamblea Departamental corre con la participación mayoritaria que garantice dos tercios de votos, cumpliendo de tal modo una instructiva del jefe nacional para aplicar un modelo “particular” autonómico que evite las acciones de la oposición en los programas fijados para cada departamento donde todavía no rigen los estatutos definidos por la voluntad expresa de una neta representación cívica y no partidaria.
Los resultados de las elecciones del 4 de abril pasado si bien otorgan una diferencia a favor del esquema gobernante, no es menos cierto que tales resultados en el análisis frío y objetivo de los hechos muestra una variante sustancial con las cifras de la anterior consulta popular.
Si se ganaron algunas gobernaciones, se perdieron varios municipios y en el caso de los asambleístas el asunto tiene otra connotación pues de no haber sido por la “ayudita” del Presidente de la Corte Nacional Electoral que emitió “directivas” sólo para algunos distritos, precisamente aquellos en que hay una reconocida inclusión de la oposición, lo que por supuesto ponía en riesgo la hegemonía oficial; había que buscar la forma de restar escaños y eso se hizo.
Los distritos afectados con las “directivas” de la CNE son La Paz, Cochabamba Oruro, Potosí y Chuquisaca justamente los cuatro departamentos en los que todavía se trabaja intensamente para imponer un modelo de autonomías que tiene sello del ministerio del ramo y que por tanto no es resultado del consenso de una representación genuina de la institucionalidad de cada departamento, como sucedió antes en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando donde los estatutos fueron “socializados” y consensuados entre los representantes de las más connotadas entidades, sin injerencias políticas.
De momento hay una profunda crisis en el organismo electoral donde su presidente asegura que no renunciará y se aferra a mantener la aplicación de sus directivas en cuatro cortes, donde la oposición apostó por más asambleístas. La situación pude tornarse delicada la presente semana si no alcanzan las condiciones propicias para “equilibrar” la asignación de escaños en respeto a la democracia y la voluntad del voto.
Lo que está muy clara es la denuncia de la oposición que remarca la ilegalidad existente en la instructiva de la CNE, con la abierta intencionalidad de favorecer al partido oficial a lograr el control de las asambleas departamentales con la mayoría de los dos tercios, ya que con la vigencia de la Ley 4021 y su reglamentación, difícilmente el oficialismo podría atribuirse los ansiados dos tercios. Este es un asunto de connotaciones legales que debe superarse en el marco del respeto a las leyes, la voluntad del pueblo y la dignidad de las personas.
Fuente: LA PATRIA
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