Ex Defensor ve incumplimiento de deberes en magistrados del Tribunal Constitucional

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El ex defensor del Pueblo, Rolando Villena, consideró que hubo incumplimiento de deberes por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al no haberle notificado hasta el 13 mayo -que cumplió sus funciones- con el fallo aprobado en diciembre del año pasado, al recurso abstracto de inconstitucionalidad en contra de varios artículos de la Ley 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro.

"No me han notificado con el fallo, esto es grave porque en diciembre ya se había emitido la sentencia, que de manera aparentemente intencional ha sido oculta. Esto constituye en una grave falta al no haber hecho conocer de manera oficial la notificación de manera oportuna", dijo Villena a ANF.

El lunes 4 de julio de este año, el TCP recién hizo conocer de manera pública el fallo que había emitido el 15 de diciembre de 2015. "La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (�) resuelve declarar: la constitucionalidad de los artículos. 7, inciso II de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, en la frase ´organizaciones no gubernamentales y fundaciones�´ y su numeral 1 en la expresión: ´La contribución al desarrollo económico y social´; y, el art. 19 inciso g en su integridad del D.S. 1597 de 5 de junio de 2013".

Consultado sobre qué siente saber que un fallo emitido el año pasado recién salió a la luz pública cuando dejó sus funciones, el ex Defensor expresó "indignación por esa manera irresponsable de actuar de los magistrados que tienen un mandato constitucional porque yo no he recibido órdenes de ninguna instancia de algún �rgano del Estado y ellos también deberían haber actuado con toda independencia".

Villena dijo tener toda la potestad de impulsar un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados del TCP ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. "Podría activar un juicio porque tengo las facultades, pero voy a analizar la respuesta", acotó.

El TCP no tomó en cuanto las recomendaciones del Relator Especial de la ONU, Maina Kiai, quien aseguró que la Ley 351 y su decreto reglamentario restringen las actividades de las ONG y las pone en riesgo de cierre en Bolivia, como "un ataque al fundamento mismo del derecho a la libertad de asociación".

Un artículo escrito por Kiai para la publicación Sur, especializada en DD.HH., observa que las "restricciones" establecidas en la norma boliviana "pueden ser interpretadas como un ataque al fundamento mismo del derecho a la libertad de asociación. La ley parece dirigida a obstruir el trabajo de las asociaciones que no apoyan la plataforma de desarrollo social y económico del Gobierno".

"POSICIÃ?N DEL

DEFENSOR ES

LAMENTABLE"

En cuanto a la posición del defensor del Pueblo, David Tezanos, quien se adhirió al fallo del TCP y aseguró que este no vulnera el derecho a la libre asociación, Villena calificó el hecho como "lamentable porque confirma a todas luces lo que se esperaba, que con la culminación de mi gestión terminaba un ciclo de la Defensoría del Pueblo y empezaba otro, el actual Defensor está asumiendo un rol totalmente distinto al seguimiento institucional y constitucional".

El ex Defensor dijo que lo que le falta al actual defensor Tezanos es asumir una posición institucional y constitucional independiente de la injerencia del Ejecutivo. "Se trata de un tema central porque hemos sido testigos que las ONG han sido hostigadas, perseguidas y ninguneadas, y con esta norma acaban de ser reducidas, sin considerar que son instituciones que han hecho un trabajo formidable en el tema de los recursos humanos y la defensa de la democracia", manifestó.

Villena dijo que el país atraviesa un momento complejo y contradictorio y por tanto es importante que las instituciones mantengan su independencia frente a acciones que buscan reducir los derechos de la sociedad civil.

RECURSO

ABSTRACTO DE

INCONSTITUCIONALIDAD

El ex Defensor del Pueblo interpuso el recurso abstracto de inconstitucionalidad en noviembre de 2014 en contra del parágrafo segundo, numeral uno del artículo 7 de la Ley 351 del 19 de marzo de 2013, que hace alusión a que las organizaciones no gubernamentales y fundaciones deben cumplir con la "contribución al desarrollo económico y social" en el país, además de citar sus actividades en ese propósito.

En el recurso interpuesto, se cita el parágrafo segundo, numeral l, del artículo 7 que señala que "Los estatutos de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones, deberán mencionar en su contenido, adicionalmente a lo requerido en el parágrafo anterior: 1) la contribución al desarrollo económico y social", vulnera la CPE y el marco jurídico vigente.

Del mismo modo, se observa en el inciso g) del artículo 19 del D.S. 1597 del 5 de junio de 2013, que el artículo 19, referido a las causales de revocatoria de personalidad, como: g) Por incumplimiento a las políticas y/o normas sectoriales, previo informe del ministerio del área.

El recurso también se fundamenta en el artículo 21 de la CPE en el que señala que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada con fines lícitos.

Fuente: La Paz, 24 (ANF).-