Democracia y derechos humanos

Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su vez, la democracia proporciona el medio natural para la protección y la práctica efectiva de los derechos humanos. Esos valores se han incorporado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y han sido elaborados aún más en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra una multitud de derechos políticos y libertades civiles en que se basan las democracias significativas.

El nexo entre democracia y derechos humanos figura en el artículo 21(3) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece:

"La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto".

En democracia los gobernantes en su actuar deben tener acérrimamente el respeto a los derechos inherentes a la persona (derechos individuales) es decir a los derechos humanos de las personas. Cuando son vulnerados estos derechos, los afectados acuden a la Asamblea permanente de Derechos Humanos, y cuando no encuentran respuestas en esta instancia o el Estado no tiene respeto a esta institución el afectado se encuentra obligado a pedir protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, actitud que en ningún instante es conveniente para un país democrático.

Las debilidades de la democracia y las instituciones débiles son algunos de los principales problemas para la realización eficaz de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos trata de abordar esos problemas mediante sus servicios consultivos y su programa de cooperación técnica, que se centra en el fortalecimiento del marco jurídico para la protección de los derechos humanos (reforma institucional y jurídica); el establecimiento de capacidades que habiliten a los segmentos vulnerables y en situación desventajosa de la sociedad; y la promoción de la conciencia y educación en derechos humanos.

Será importante que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantenga promoviendo la cooperación en gobiernos democráticos al suministrar apoyo continuo a instituciones democráticas, además a entidades e instituciones nacionales involucradas en la administración de la justicia, para mejorar la capacidad de los parlamentarios que trabajan en programas de protección a los derechos humanos, al apoyar a la sociedad civil y al facilitar los procesos de desarrollo electoral y constitucional.

En país democrático resulta una tarea continua y prioritaria combatir el abuso de poder, la arbitrariedad e impunidad, y apoyar la correcta e imparcial administración de justicia garantizando un debido proceso, el respeto a las personas y a los derechos humanos, promoviendo una Justicia imparcial, escuchando a las minorías promoviendo diálogos y entendimientos.

Los Estados deben originar y participar en el diseño e implementación de consultas nacionales globales sobre mecanismos de justicia apoyando el establecimiento de procesos para fortalecer los órganos judiciales, mecanismos de responsabilidad judicial, y programas para reparar; transformar y mejorar la reforma institucional, con el objeto de que la población no deje de creer en la justicia.