Los valores de libertad y respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su vez, la democracia proporciona el medio natural para la protección y la práctica efectiva de los derechos humanos. Esos valores se han incorporado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y han sido elaborados aún más en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÃticos que consagra una multitud de derechos polÃticos y libertades civiles en que se basan las democracias significativas.
El nexo entre democracia y derechos humanos figura en el artÃculo 21(3) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece:
Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en instrumentos de derechos humanos posteriores que abarcan los derechos de los grupos (por ejemplo, los pueblos indÃgenas, las minorÃas, las personas con discapacidad) son igualmente esenciales para la democracia habida cuenta de que garantizan la distribución equitativa de la riqueza, y la igualdad y equidad con respecto al acceso a los derechos civiles y polÃticos
Será importante que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantenga promoviendo la cooperación en gobiernos democráticos al suministrar apoyo continuo a instituciones democráticas, además a entidades e instituciones nacionales involucradas en la administración de la justicia, para mejorar la capacidad de los parlamentarios que trabajan en programas de protección a los derechos humanos, al apoyar a la sociedad civil y al facilitar los procesos de desarrollo electoral y constitucional.
En paÃs democrático resulta una tarea continua y prioritaria combatir el abuso de poder, la arbitrariedad e impunidad, y apoyar la correcta e imparcial administración de justicia garantizando un debido proceso, el respeto a las personas y a los derechos humanos, promoviendo una Justicia imparcial, escuchando a las minorÃas promoviendo diálogos y entendimientos.
Los Estados deben originar y participar en el diseño e implementación de consultas nacionales globales sobre mecanismos de justicia apoyando el establecimiento de procesos para fortalecer los órganos judiciales, mecanismos de responsabilidad judicial, y programas para reparar; transformar y mejorar la reforma institucional, con el objeto de que la población no deje de creer en la justicia.
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