Alguien tendrá que revisar la política de distribución gratuita de tierras en el Chapare, por no cumplir su finalidad, por estar alejada de los intereses nacionales, y ser utilizada por una nueva burguesía elitista que pretende marginar a los bolivianos y usufructuar el poder político para siempre.
Esas tierras fueron concedidas bajo nobles premisas; de incentivar un flujo migratorio de campesinos para que se dediquen a producir productos destinados a políticas de seguridad alimentaria, lo que no se ha cumplido, debido a que en su tiempo faltó una adecuada orientación gubernamental.
La coca no es cocaína, pero es un recurso que puede sostener gobiernos y cambiar el curso de la política, movilizar con facilidad 40 o 50 mil cocaleros hacía el lugar que se quiera para sofocar protestas antigubernamentales, y sostener regímenes "neopresidencialistas," es decir donde el poder Ejecutivo tiene preeminencia sobre el resto de los poderes, una especie de mezcla entre ideas democráticas con tradiciones absolutistas, una forma del prehistórico "cesarismo" romano, caracterizado porque el Presidente, no sólo tiene más potestades y atribuciones que los otros poderes, sino que llega a tener control sobre ellos.
A los cocaleros no les cuesta nada aportar dos o tres libras de coca por persona para respaldar a su líder, mantenerlo en el poder bajo condicionamientos de seguir protegiendo la coca, con el matiz de hoja sagrada, que nada tiene que ver con la maldita cocaína. Las campañas de proselitismo del MAS, han sido financiadas bajo esta forma, según dijo el propio candidato.
La coca no es cocaína. Los propios cocaleros se ocupan de desmentir, cuando dicen que producen coca, no cocaína. Eso es verdad, pero es la materia prima que sirve para su elaboración. Entonces no están libres de sospecha. Ningún cocalero puede lavarse las manos y decir que no contribuye al narcotráfico. Ganan de ello, de vender la coca para uso tradicional o para otras actividades. No les interesa a quién venden.
Subir a 20 mil hectáreas la superficie de los cultivos de cocales, evidentemente tiene dos propósitos; político esencialmente, congraciarse con aquel conjunto ciudadano que se dedica a su producción, y contribuir indirectamente a la industria ilícita atentatoria a la humanidad, al narcotráfico, al enriquecimiento ilícito.
Allá por los años 70, los cocales no se extendían más de las 5 mil hectáreas. Cuando se discutía la ley 1008, se limitó a 8 mil las hectáreas autorizadas, por negociaciones se subió a 10 y bajo presiones hasta 12 mil.
La coca que no es cocaína, es sin embargo, un fuerte ingrediente político y de poder, producida y respaldada como política nacional por un fuerte grupo de cocaleros que emergen de una nueva burguesía, "neoliberales" que controlan los medios de producción y las tierras de cultivo, cuya actividad linda sospechosamente con la ilicitud.
Los mineros ya habían sospechado de los campesinos. En la tesis de Pulacayo, les consideraban como enemigos de clase, por las diferencias de posesión de las propiedades. Mientras ellos sólo tenían su fuerza de trabajo, los campesinos tenían en propiedad las tierras productivas. Por ello proclamaban los proletarios al poder.
(*) Periodista
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