Gobierno asume defensa del Estado en arbitraje interpuesto por "Mallku Khota"

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La Procuraduría General del Estado, representada por Héctor Arce Zaconeta y el Ministerio de Minería, a través de César Navarro, asumirán esta semana la defensa legal del Estado en la audiencia oral dentro del caso CPA No. 2013-15, denominado "Mallku Khota", a raíz de la solicitud de arbitraje presentada el 30 de abril de 2013 por la empresa canadiense South American Silver Limited (SAS).

Dicha solicitud sería presentada luego de haberse determinado, mediante el Decreto Supremo No. 1308 de 1 de agosto de 2012, la reversión a dominio originario del Estado de las 10 concesiones mineras que detentaba la compañía minera Mallku Khota, ubicadas en las provincias Alonso de Ibáñez y Charcas del departamento de Potosí.

Mediante este Decreto también se otorgó la administración y desarrollo minero en las zonas revertidas al Estado a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), en coordinación con el Servicio Geológico y Técnico de Minas (Sergeotecmin).

Cabe destacar que desde el inicio de las actividades de exploración de la compañía minera Mallku Khota, se generó un ambiente tenso por la "irresponsabilidad social con la que se desenvolvía la empresa, por violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas originarios, desconocimiento de sus usos y costumbres, irrespeto a sus formas de autodeterminación y autogobierno, así como afectaciones al medio ambiente".

Además, por encontrarse ubicado en una región de delicado equilibrio medioambiental, "el proyecto minero representaba una fuerte probabilidad de provocar un desequilibrio del sistema hidrográfico en la zona, considerada como sagrada por la existencia de fuentes de agua, criaderos de trucha y existencia de lagunas que distribuyen agua a más de 30 comunidades.

Los comunarios presentaron diversas denuncias de vulneración de derechos colectivos, debido al "abuso de autoridad que ejercía la compañía, violentando la estructura y el gobierno de las comunidades, intimidando, amenazando, violando mujeres y generando divisiones en la estructura de los Ayllus". Denuncias que fueron un factor determinante para que se agraven los enfrentamientos de una manera que no podían ser controlados, situación que obligó que el 1 de agosto de 2012, el Gobierno decrete la reversión de las concesiones mineras.

Proceso arbitral

La empresa SAS después de la nacionalización presentó un proceso internacional arbitral por supuesta violación a sus derechos como inversionista, demandando al Estado una indemnización de 385,7 millones de dólares. Dicho arbitraje internacional fue presentado ante la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en Países Bajos el año 2013.

Después del procedimiento escrito en el cual hubieron dos rondas de memoriales presentados tanto por la empresa demandante como por el Estado boliviano, representado por la Procuraduría General del Estado, corresponde para las siguientes semanas el desarrollo de la etapa oral con una serie de audiencias que se llevarán a cabo en Washington, Estados Unidos, en la sede del Banco Mundial, a partir del lunes 11 de julio, donde el Estado boliviano asumirá la defensa de una forma sólida y solvente velando por los intereses de Bolivia.

La delegación de la Procuraduría General del Estado está conformada por el Procurador, Héctor Arce; la Sub Procuradora, Carmiña Llorenti y el Director de Defensa, Pablo Menacho. Así mismo, Bolivia cuenta con el apoyo del Bufete Internacional Dechert LLP, uno de los más grandes y especializados en arbitraje del mundo.

La empresa demandante se opuso al planteamiento del Estado boliviano de hacer públicas las audiencias a desarrollarse en Estados Unidos, lo que impide que las mismas sean filmadas o grabadas, impidiendo el acceso a los medios de comunicación por determinación del Tribunal Arbitral.

Fuente: La Paz, 10 (ANF).-