Domingo 10 de julio de 2016
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Las pensiones públicas, uno de los pilares del llamado "estado de bienestar, no es una cuestión de sostenibilidad, sino de derechos. Quienes las hacen parecer insostenibles pretenden beneficiar a empresas privadas que aguardan su oportunidad ante una "quiebra" del sistema.
En España, las élites quieren tomar al asalto las pensiones públicas. Mucho dinero que, consideran, ha de ser suyo. Y, con la excusa de ser sostenibles, deterioran el sistema, descapitalizan la seguridad social y saquean el Fondo de Reserva de las pensiones públicas. Por eso el gobierno de Rajoy mete mano a ese Fondo. Otra vez. Casi 9.000 millones de euros.
Creado en 2000 para situaciones extraordinarias y poder pagar las pensiones, el Fondo tenÃa 67.000 millones de euros en 2011. Pero Rajoy ya ha metido mano tres veces, quitando más de 41.000 millones de euros. Esta vez a hurtadillas, para que no se hablara en campaña electoral.
Por su parte, los economistas de guardia del régimen monárquico del 78 (hasta hace poco bipartidista), proclaman que la Seguridad Social pierde cotizantes (por paro, bajos salarios y menor recaudación), el Fondo de Reserva estará vacÃo en 2018 y pregonan que las pensiones públicas no son ´sostenibles´. Según el Pacto de Toledo las cotizaciones sociales han de financiar las pensiones públicas y ya no alcanzan -dicen. Pero ¿por qué han de financiarse las pensiones con cotizaciones? Hablamos de derechos. Y, para atender derechos, el Estado establece impuestos que recauda. Lo del Pacto de Toledo estuvo bien, pero en pleno saqueo neoliberal, los derechos de la gente han de estar por encima de todo. No caer en la trampa de la sostenibilidad y dejar de rasgarse las vestiduras porque las cotizaciones disminuyen. Hay impuestos. Fraude fiscal a combatir, por ejemplo, y elusión fiscal de grandes empresas a eliminar.
