Jueves 30 de junio de 2016
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Quien diga que la Ley de Imprenta sólo favorece a los empresarios de los medios de comunicación demuestra una tremenda ignorancia en torno al periodismo y sus funciones.
Para empezar, es preciso recordar que la Ley de Imprenta en actual vigencia es el resultado de un largo proceso histórico que comenzó durante el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre. Fue él quien promulgó la primera Ley de Imprenta, el 7 de diciembre de 1826, que, contrariamente a lo que se pueda creer, era draconiana y castigaba con cárcel y destierro los supuestos delitos cometidos en los impresos.
Desde entonces, los periodistas lucharon por flexibilizar esa ley. El proceso llegó hasta 1925, cuando el gobierno de Bautista Saavedra elevó a rango de ley el Reglamento de Imprenta que habÃa sido promulgado por la Junta de Gobierno el 17 de julio de 1920. Sólo fue posible llegar hasta ese punto debido a que el paÃs atravesaba una crisis que hizo que los polÃticos bajen la guardia momentáneamente. Conscientes de que, si tenÃa la posibilidad, la clase polÃtica podÃa modificar la ley a su conveniencia, los periodistas decidieron cerrar filas en torno a la que habÃa sido promulgada el 19 de enero de 1925. Por ello, la prensa no permite que la norma se toque, ni siquiera para actualizarla. Las declaraciones de principios de todas las organizaciones periodÃsticas tienen como base la defensa de la Ley de Imprenta.
